El empresario Luis Enrique G. I. M., acusado de provocar la tragedia en Bajo Llojeta tras movimientos de tierra ilegales, evitó abordar un vuelo de retorno a Bolivia desde Perú, complicando los esfuerzos para su extradición. Según informó el director de Interpol Bolivia, Juan Carlos Bazoalto, el sujeto fue aprehendido en la zona internacional del aeropuerto en Lima, pero rechazó embarcarse hacia Bolivia.
“El hombre estaba en zona internacional y, según información de Interpol Perú, posiblemente iba a abordar el vuelo de retorno al país. Tendría que haber llegado en horas de la madrugada, pero no fue así. El sujeto decidió hacer migración en Perú y quedó bajo la jurisdicción de ese país”, detalló Bazoalto.
Actualmente, las autoridades bolivianas están a la espera de un informe de Interpol Perú para determinar los pasos legales que permitirán que Luis Enrique G. I. M. sea entregado a Bolivia y enfrente los cargos por su presunta responsabilidad en los hechos.
Una tragedia que conmocionó a La Paz
El fin de semana pasado, un deslizamiento de mazamorra golpeó al menos tres barrios de Bajo Llojeta en la ciudad de La Paz, dejando un saldo trágico: una niña de cinco años perdió la vida y más de 25 personas quedaron sin hogar. Según el alcalde paceño Iván Arias, el desastre fue causado por movimientos de tierra ilegales realizados por una empresa propiedad del empresario acusado, con respaldo de la Alcaldía de Achocalla.
Las intensas lluvias registradas en la región desencadenaron el deslizamiento del material acumulado, afectando a tres zonas y desatando una crisis humanitaria. Las familias damnificadas han perdido todas sus pertenencias y esperan ayuda de las autoridades locales.
Procedimientos internacionales y captura
Luis Enrique G. I. M. intentó ingresar primero a Chile, donde fue rechazado. Posteriormente, viajó a Perú, donde fue aprehendido gracias a la notificación roja de Interpol, vigente en más de 100 países. Sin embargo, su negativa a retornar voluntariamente a Bolivia obstaculiza los esfuerzos de extradición inmediata.
“No se le puede obligar a abordar el avión. Ahora dependemos del procedimiento que determinen las autoridades peruanas para que esta persona sea puesta a disposición de Bolivia”, explicó Bazoalto.
Exigencias de justicia
La negativa del empresario a retornar al país ha generado indignación entre las víctimas y las autoridades locales, quienes exigen justicia por las pérdidas humanas y materiales causadas. La situación también pone en evidencia los vacíos legales y los desafíos que enfrentan las autoridades bolivianas para garantizar que los responsables de desastres ambientales rindan cuentas.
Mientras tanto, las familias damnificadas continúan enfrentando las consecuencias de la tragedia, esperando soluciones concretas y la promesa de que hechos similares no se repetirán.