La Fiscalía ha emitido una alerta migratoria contra Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia durante el gobierno de Evo Morales, y Ponciano Santos, dirigente de la facción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), acusados de promover actos de violencia durante los 24 días de bloqueos de carreteras que paralizaron el país. La medida busca impedir que ambos abandonen Bolivia mientras enfrentan cargos por terrorismo y otros delitos relacionados.
Katherine Calderón, directora general de Migración, confirmó este sábado que la institución recibió el requerimiento fiscal para registrar la alerta migratoria contra los mencionados y otros dos imputados que ya se encuentran en detención preventiva. “Estamos tomando las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de esta orden”, declaró Calderón.
Por su parte, el fiscal del caso, Julio Acarrafi, afirmó que Quintana y Santos jugaron un papel clave en la organización de las movilizaciones que derivaron en enfrentamientos violentos, daños a efectivos policiales y afectaciones a la seguridad ciudadana. “Han tenido una intervención determinante en los hechos que investigamos, tanto a través de sus discursos como de las acciones que alentaron el conflicto”, explicó Acarrafi.
Mientras tanto, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, aseguró que la Policía Boliviana está trabajando en la ejecución de las órdenes de aprehensión contra Quintana y Santos. “Estamos coordinando las acciones necesarias para su captura y presentación ante las autoridades competentes”, indicó.
Implicaciones políticas y judiciales
Estas medidas se enmarcan en un clima de tensiones internas dentro del MAS, donde los seguidores de Evo Morales han sostenido una postura crítica hacia el gobierno del presidente Luis Arce.
En el mismo caso, dos dirigentes de la cúpula evista, Humberto Claros y Ramiro Cucho, ya fueron recluidos preventivamente en distintos recintos penitenciarios de La Paz. Claros fue trasladado al penal de San Pedro, a pocas cuadras de la Casa Grande del Pueblo, mientras que Cucho se encuentra en la cárcel de Patacamaya, a unos 35 kilómetros de la ciudad sede de gobierno.
Ambos enfrentan acusaciones por terrorismo, instigación pública a delinquir y otros delitos. Permanecerán detenidos durante cinco meses mientras una comisión de fiscales continúa las investigaciones y presenta la acusación formal que podría llevarlos a un juicio oral.
Además, se reporta que más de 100 personas, entre hombres y mujeres, están encarceladas por los mismos delitos y otros relacionados. Estas personas habrían participado activamente en los bloqueos que, según estimaciones oficiales, generaron pérdidas económicas de más de 2.000 millones de dólares y dejaron heridos, algunos de gravedad, entre las fuerzas del orden debido al uso de artefactos explosivos.
Impacto económico y social
El caso refleja la magnitud de los enfrentamientos durante los bloqueos, que dejaron profundas consecuencias económicas y sociales. Los próximos días serán cruciales para determinar el rumbo del proceso judicial y las repercusiones políticas que este podría generar en un contexto ya polarizado.