Los abogados del expresidente Evo Morales anunciaron el inicio de un proceso penal contra la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, acusándola de cometer tres delitos tras la activación de una orden de aprehensión en contra de Morales, quien enfrenta cargos por trata y tráfico de personas.
Marcelo Cox, uno de los principales defensores legales de Morales, indicó el viernes que la acción judicial se debe a que Gutiérrez presuntamente está “incumpliendo sentencias constitucionales”, “incurriendo en incumplimiento de deberes” y “atentando contra resoluciones contrarias a las leyes”. Según el abogado, la fiscal estaría actuando en contra de un fallo de la jueza Lilian Moreno, que dejó sin efecto la orden de aprehensión contra Morales.
“Esa fiscal está delinquiendo. Debería cuidarse para no cometer actos impropios”, afirmó Cox durante una entrevista con la radio Kawsachun Coca, en la que también aseguró que Gutiérrez está incurriendo en “faltas graves” al intentar revertir la decisión judicial. “No pueden cometer actos impropios y excesos. Son actos violatorios a los derechos humanos”, añadió.
El conflicto entre los defensores de Morales y la fiscal Gutiérrez se intensificó tras la reciente orden de aprehensión emitida contra el líder del Movimiento al Socialismo (MAS), en el marco de una investigación por supuesta trata y tráfico de personas, donde se le acusa de estar involucrado con una adolescente. La Fiscalía, por su parte, ha optado por no brindar declaraciones detalladas sobre el estado del caso, manteniendo un hermetismo que ha sido criticado por los representantes legales de Morales.
En paralelo, la situación se complica con la detención del padre de la menor supuestamente involucrada. El comandante general de la Policía, Álvaro Álvarez, confirmó la aprehensión del progenitor de la adolescente señalada como víctima, en una medida que agrava el panorama legal para Morales y añade más complejidad al caso.
El proceso penal anunciado por los abogados de Morales refleja la creciente tensión entre el aparato judicial y la defensa del expresidente, que ha calificado estas acciones como una “persecución política”. Las implicaciones de este enfrentamiento podrían tener repercusiones importantes en la esfera política y judicial de Bolivia, especialmente en momentos de alta polarización social.