El reciente arresto de 55 personas acusadas de participar en enfrentamientos con la Policía en Parotani ha desatado controversia debido a denuncias sobre restricciones en el acceso a la defensa legal. El abogado Wilfredo Chávez, quien representa a los aprehendidos, denunció que, pese a asumir su defensa, se le ha negado el contacto directo con sus clientes, obstaculizando así el proceso de representación.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, presentó el viernes en la noche a los detenidos, señalándolos como responsables de los disturbios y bloqueos en Parotani. Según Del Castillo, un total de 66 personas fueron arrestadas durante un operativo en Cochabamba, de las cuales 55 fueron trasladadas a La Paz para enfrentar cargos graves, incluidos terrorismo y alzamiento armado.
Chávez adelantó que solicitará un informe oficial para determinar la situación de cada detenido y esclarecer las acusaciones, que incluyen la posesión de explosivos. “Las autoridades argumentan que se hallaron dinamitas y otros artefactos en posesión de los acusados”, afirmó el abogado defensor.
Las movilizaciones en Cochabamba, impulsadas por sectores afines al movimiento “evista”, cumplieron este sábado 20 días, con bloqueos que afectan el tránsito en carreteras y tensan aún más la situación social en la región. Este contexto ha generado dudas sobre el respeto al debido proceso y el derecho de los detenidos a una defensa adecuada, factores que podrían influir en las audiencias y el desarrollo del caso.
El proceso judicial contra los detenidos plantea un dilema sobre el equilibrio entre el derecho a la protesta y el cumplimiento de las normas de orden público en el país. Tanto autoridades como defensores anticipan que el desarrollo de este caso podría repercutir en la dinámica de las movilizaciones y en la política de seguridad frente a los bloqueos en el país.