El Gobierno nacional descartó este lunes abrogar el Decreto Supremo 4760, que establece que el Censo de Población y Vivienda se realizará entre mayo o junio de 2024. Sin embargo, ofrece diálogo a Santa Cruz, pero sin ningún condicionamiento o conminatoria.
“Nosotros queremos el diálogo y el diálogo tiene que ser sin conminatorias, sin ultimátum y sin condiciones y ahí nos sentamos”, afirmó en declaraciones a la prensa en la entrada a la Casa Grande del Pueblo el vocero presidencial, Jorge Richter.
En ese campo de conminatorias ubicó la petición que realiza el Comité para que el Gobierno nacional abrogue el Decreto Supremo 4760, norma que sólo fija un plazo para la realización del proceso censal para el primer semestre de 2024 y no la fecha de la encuesta nacional.
De acuerdo con Richter, si se abroga la norma el Comité apelará a otros argumentos para mantener su paro indefinido desde este 22 de octubre, como que se fije la fecha de la encuesta para 2023 o incluso ir más allá y pedir la instalación del debate del pacto fiscal, y así continuar con sus peticiones.
“Si nos condicionan de antemano a que tengamos que abrogar un decreto para podernos sentarse en la mesa, eso no tiene características de un diálogo, ¿qué nos quieren decir? Abrogamos (luego nos dirán) ‘el siguiente paso (es que) ustedes coloquen el (Censo para) el 2023 y ahí todos estamos conformes’, eso a nosotros no nos garantiza, cuando digo a nosotros digo al país entero, pues eso no nos garantiza de que ésa sea la última etapa del conflicto que están trabajando”, aseguró.
Por ello, insistió en que una mesa de diálogo no pude darse si de por medio se hacen conminatorias y exigencias. En consecuencia, instó a la dirigencia del Comité a reflexionar y que se dejen de lado las mentiras en sentido de que no conocen la información del trabajo para el Censo.
Recordó que, en la reunión técnica del 11 de octubre, a la que el recto de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuellar, y el gobernador Luis Fernando Camacho, no asistieron, se hizo una exposición detallada de la propuesta nacional para llevar adelante el Censo.
Además, en esa cita, los expertos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) y del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade) hablaron de los riesgos que se corren si se recortan los plazos para realizar el operativo.
Incluso, Daniel Allende, del Unfpa, señaló que el censo experimental debe ejecutarse un año antes de la encuesta final “para encontrar dos temporalidades idénticas”.
Todos esos elementos son considerados en el cronograma propuesto por el Gobierno nacional y hasta ahora no hay un planteamiento preciso y detallado del Comité que sólo atina a descalificar el trabajo del Instituto Nacional de Estadística (INE).
El recto de la Uagrm, en declaraciones a radio Panamericana, dijo que para apresurar el trabajo se debería de contratar más personal para tareas como la Actualización Cartográfica Estadística, que está en marcha y es el insumo principal del Censo.
En respuesta el viceministro de Planificación y Coordinación, David Guachalla, señaló que el incorporar más personal significa también incrementar más equipos, como tablets y computadoras, en un contexto donde hay un “corte de la cadena de suministros en lo que respecta el tema tecnológico”.
“En la ejecución de un proyecto se tiene que ver la factibilidad material de la adquisición, de los insumos, y en este caso particular en la adquisición de tablets y en todo el tema tecnológico asociado a la cartografía, computadoras y servidores, no existe en el mercado, en este momento, la posibilidad de una dotación de gran magnitud para esos equipos tecnológicos, por lo tanto el INE viene trabajando incluso sábados y domingos para poder agilizar la actividad de la actualización cartográfica”, señaló Guachalla.
El viceministro afirmó que las únicas personas que no comprendieron el “carácter técnico y las explicaciones del cronograma del INE, es el rector de la universidad y el Gobernador”. “Los demás actores que participaron de las mesas técnicas a nivel nacional comprendieron cabalmente la importancia de tener un censo de calidad”, resaltó.
Y centrados en su exigencia del Censo en 2023, la dirigencia del Comité se apresta a llevar a la región a un paro indefinido, que de inicio ya tiene el rechazo de empresarios, alcaldes, productores, organizaciones sociales y una buena parte de la población cruceña, en una medida que para el portavoz tiene “connotaciones políticas” claras.