La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), junto a una comisión de autoridades de la Gobernación y la Alcaldía de Potosí; además de la Fiscalía y la Policía Boliviana, realizó una inspección al área “Mazuni Definitiva”, ubicada en inmediaciones de la laguna del mismo, logrando identificar la existencia de actividad minera ilegal.
“En la inspección se demostró fehacientemente los trabajos de minería ilegal denunciados. Además, los técnicos de la Secretaría Departamental de la Madre Tierra realizaron la toma de muestras para realizar un estudio que verifique la existencia de algún grado de contaminación de la laguna Mazuni”, informó la directora ejecutiva nacional de la AJAM, Nilza López Valenzuela.
La autoridad explicó en un reporte institucional que la inspección ocular in situ se realizó en el marco de un proceso penal por la presunta comisión del delito de explotación ilegal de recursos minerales, daños contra la salud pública y asociación delictuosa, sancionados por el Código Penal.
“El trabajo de reconocimiento contó con la presencia de autoridades de la AJAM, Fiscalía, la Administración Autónoma Para Obras Sanitarias (AAPOS POTOSÍ), Gobierno Autónomo Municipal de Potosí y Técnicos de la Secretaria de la Madre Tierra del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí y efectivos de la Policía Boliviana”, detalló.
López añadió que, a la conclusión de la inspección ocular, a unos 500 metros del área “Mazuni Definitiva” se interceptó una volqueta que transportaba una compresora y accesorios para trabajos de minería.
Al respecto, dijo que la AJAM solicitó al Fiscal el secuestro del vehículo y la compresora y la aprehensión de tres personas.
“Efectivos de la Policía Boliviana, a través de una acción directa, condujeron a las tres personas detenidas desde el lugar de los hechos hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la ciudad de Potosí. Los tres ciudadanos no pudieron comprobar su derecho propietario ni demostrar autorizaciones para realizar trabajos de explotación de recursos minerales. Las autoridades jurisdiccionales definirán la situación jurídica de los aprehendidos”, finalizó.