La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) urgió al Gobierno a emitir de manera inmediata el Certificado de Abastecimiento Interno y Precio Justo, un requisito indispensable para la exportación de soya, conforme lo establece el Decreto Supremo 3920 de 2019. La falta de este documento, pendiente desde enero, afecta a miles de productores y pone en riesgo la estabilidad del sector agrícola boliviano.
En conferencia de prensa, el presidente de Anapo, Fernando Romero, advirtió que la demora en la certificación impide la exportación del 60% de la producción de soya correspondiente a la campaña 2023-2024, generando incertidumbre y pérdidas económicas. “La exportación directa es vital para los pequeños productores y garantiza la sostenibilidad del sector. El Gobierno debe cumplir su rol y eliminar trabas burocráticas”, enfatizó.
Cuatro razones clave del reclamo
Anapo sustenta su demanda en los siguientes puntos:
1. Abastecimiento interno garantizado: A pesar de las adversidades climáticas, la producción de soya superó los dos millones de toneladas, mientras que la demanda local ronda las 800 mil toneladas, lo que deja un excedente disponible para la exportación.
2. Precios justos para los productores: La imposibilidad de acceder a mercados internacionales presiona a la baja los precios locales, afectando especialmente a pequeños y medianos productores que ya enfrentan costos crecientes.
3. Estabilidad para la recuperación del sector: Tras una sequía devastadora en 2023, los agricultores proyectan una cosecha de 2,5 millones de toneladas para la campaña 2024-2025, pero necesitan reglas claras para sostener su recuperación.
4. Impacto positivo en la economía: La exportación de soya genera empleo y divisas, beneficiando no solo a los productores, sino también a toda la cadena agroindustrial y a la economía nacional.
Preocupación por los retrasos
El gerente de Anapo, Jaime Hernández, denunció que, pese a la vigencia del DS 3920, el Viceministerio de Comercio Interno no ha emitido el certificado, paralizando las exportaciones desde enero. “Cada día de demora perjudica a los productores, especialmente a los pequeños, que ya enfrentaron sequías y escasez de insumos el año pasado”, señaló.
El retraso también pone en riesgo relaciones comerciales clave con países como Perú y Argentina, donde Bolivia había logrado recuperar mercados. “Esta incertidumbre afecta nuestra credibilidad y podría comprometer futuros acuerdos”, advirtió Hernández. Además, alertó sobre el peligro de una sobreoferta en el mercado interno, lo que podría deprimir los precios y afectar la rentabilidad de la campaña actual.
Llamado urgente al Gobierno
Anapo ha presentado múltiples solicitudes ante el Ministerio de Desarrollo Rural y Productivo y el Viceministerio de Comercio Interno sin obtener respuestas concretas. “El retraso proviene del Viceministerio de Comercio Interno, que no está cumpliendo con la normativa vigente”, criticó Hernández.
El sector soyero espera una pronta resolución para evitar mayores perjuicios. “Somos un pilar fundamental de la economía nacional. Queremos seguir trabajando y aportando al país, pero necesitamos certidumbre”, concluyó Romero. Advirtió, además, que la demora no solo afecta a los productores de soya, sino que podría generar un efecto dominó en otros cultivos clave como trigo, sorgo y maíz, esenciales para la campaña de invierno.