La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) declaró estado de emergencia tras la decisión del Gobierno boliviano de suspender las exportaciones de carne de res. El sector advierte que la medida afectará gravemente el ingreso de divisas y perjudicará la economía nacional.
Klaus Frerking, presidente en ejercicio de la CAO, calificó la decisión como “contraria a la producción” y al esfuerzo del sector ganadero por generar divisas. “Esta medida atenta contra el trabajo que realizamos para exportar carne y traer dólares, esenciales para equilibrar la economía boliviana”, afirmó.
Frerking señaló que Bolivia produce 350.000 toneladas de carne al año, de las cuales solo 30.000 toneladas, menos del 10% de la producción total, se destinan a la exportación. Además, explicó que el precio de la carne está determinado por la oferta y la demanda, y alertó sobre el aumento del contrabando de ganado vivo debido a la devaluación monetaria. “El Gobierno debe reforzar los controles para evitar este ilícito”, sostuvo.
Desde el sector empresarial, Jean Pierre Antelo, presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco), criticó la medida y acusó al Ejecutivo de “negar la crisis económica”. En sus redes sociales, escribió: “La suspensión de exportaciones confirma lo que intuíamos: más Estado, menos exportaciones y más pobreza para los bolivianos. Un camino que ya sabemos cómo termina”.
Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, justificó la suspensión argumentando que busca garantizar el abastecimiento interno y reducir los precios locales. Huanca cuestionó el incremento del precio de la carne pese a las garantías de pasturas y alimentos para el ganado.
Ante este escenario, el sector ganadero anunció una reunión este jueves para evaluar la medida y emitir un pronunciamiento oficial. La CAO y otros actores económicos advierten que la prohibición no solo impactará al sector agropecuario, sino también a la economía nacional al restringir el ingreso de divisas en un contexto de crisis.
La medida ha generado un fuerte debate entre el Gobierno y los sectores productivos, reflejando las tensiones en torno a la política económica y su impacto en la población.