El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) confirmó este miércoles la sentencia que obliga a la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) a pagar Bs 744,3 millones a la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa) por competencia desleal. La decisión, anunciada por el procurador general del Estado, Ricardo Condori, representa un hito en un litigio que se ha extendido por más de una década.
El caso se remonta a junio de 2010, cuando Fancesa demandó a Soboce por presuntas prácticas anticompetitivas, específicamente por acceder a una línea de financiamiento de Bs 35 millones para su planta en Viacha, lo que, según la demanda, perjudicó a la empresa pública.
En 2015, la Sala Civil del TSJ rechazó un recurso de casación interpuesto por Soboce, confirmando el fallo inicial a favor de Fancesa. Este año, el tribunal volvió a desestimar otro recurso de la cementera privada, ratificando su obligación de pagar daños, perjuicios, costas y gastos procesales.
El papel del Estado y la reacción de Soboce
El procurador Condori resaltó el rol de la Procuraduría General del Estado en la defensa del patrimonio público, junto con Fancesa, la Universidad Mayor de San Francisco Xavier y el Gobierno Departamental de Chuquisaca. Según Condori, la sentencia sienta un precedente contra el fraude fiscal y la competencia desleal, reafirmando el compromiso del Estado con la protección de sus recursos.
Por su parte, Soboce cuestionó la decisión y la calificó como una vulneración a sus derechos constitucionales. La empresa anunció que agotará todas las instancias legales, tanto nacionales como internacionales, para obtener un juicio justo.
Francisco Shwortshik, CEO de Soboce, advirtió que el fallo pone en riesgo la seguridad jurídica y la libre competencia en Bolivia, aunque aseguró que la compañía continuará operando con normalidad.