El Gobierno ha convocado nuevamente a empresarios y gremios para discutir la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que permite el decomiso de productos considerados con precios elevados. La medida ha generado un fuerte rechazo en sectores productivos, que la califican de “confiscatoria” y perjudicial para la seguridad jurídica.
El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, instó a los empresarios a presentar argumentos técnicos y legales que justifiquen su pedido de anular la norma. Aseguró que la disposición no busca afectar al sector productivo o gremial, sino combatir la especulación. No obstante, reconoció que el Ejecutivo carece de competencias para anular la medida, ya que su revisión corresponde al Legislativo. “Invitamos a los empresarios al diálogo, para que expongan sus fundamentos técnicos y legales”, declaró Silva.
En los próximos días, el Gobierno sostendrá reuniones con representantes del sector privado, entre ellos la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) y la Asociación de Comerciantes y Productores (Acapo). Estas reuniones se llevarán a cabo entre el martes y el jueves de esta semana.
Sin embargo, los empresarios han reiterado su rechazo a la disposición y advirtieron que, de no ser anulada, acatarán un paro nacional el 10 de febrero. En una reciente reunión multisectorial en Sucre, representantes de los sectores agropecuario, gremial, transportista e industrial exigieron la abrogación de la norma y propusieron la elaboración de un anteproyecto de ley para su eliminación. César González, líder de la Confederación Nacional de Gremiales, criticó las medidas gubernamentales, asegurando que no abordan problemas estructurales como la escasez de alimentos y divisas.
El debate en torno a la disposición séptima ha escalado en intensidad, pues otorga a las autoridades la facultad de decomisar productos cuyo precio se considere excesivo. Mientras el Gobierno defiende la medida como una estrategia para proteger a los consumidores, el sector privado la percibe como una amenaza para la estabilidad económica. La viabilidad de un consenso será determinante para evitar mayores conflictos y una posible paralización de actividades productivas.