
El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) encabeza este viernes un cabildo abierto en la Plaza de Armas 10 de Noviembre con el objetivo de manifestar el rechazo de la ciudadanía frente a los bloqueos de caminos y exigir formalmente al Gobierno nacional la declaración de Estado de excepción en las zonas conflictivas. La movilización, programada para comenzar a las 14:30, busca frenar el desabastecimiento generalizado y las pérdidas económicas que afectan a la región.
La convocatoria está dirigida de forma amplia a todas las instituciones del departamento, organizaciones sociales locales y a la población civil potosina. El encuentro se perfila como el epicentro político de la jornada para definir las próximas medidas que asumirá la región frente a las protestas que impiden la libre circulación por las principales carreteras del país.
Demandas institucionales y Estado de excepción
El presidente de Comcipo, Alberto Pérez, detalló los dos ejes centrales que se pondrán a consulta de las organizaciones participantes durante la jornada del viernes. El primer punto se enfoca en establecer una postura unánime en defensa de la democracia, la paz social y el estado de derecho.
El segundo eje normativo consistirá en emitir una recomendación oficial a las instancias correspondientes para iniciar las acciones legales que permitan determinar un estado de excepción en aquellos puntos del territorio civil donde persisten las movilizaciones y los cierres de rutas.
Asimismo, la agenda de los líderes cívicos incorpora de manera urgente la solicitud del desbloqueo inmediato de las vías y la apertura de canales de diálogo fluidos. Con esta medida se pretende viabilizar de forma prioritaria el ingreso de productos de la canasta familiar, insumos médicos y combustibles hacia la ciudad de Potosí, según registra el reporte de El Potosí.
Impacto económico y contexto del conflicto
La dirigencia cívica enfatizó que la parálisis del transporte vial genera consecuencias severas en la estabilidad financiera interna. De acuerdo con las evaluaciones del comité técnico, las protestas prolongadas dejan pérdidas millonarias en la estructura productiva tanto a nivel departamental como nacional.
La duración del conflicto muestra particularidades en la geografía potosina. Mientras que en otras regiones de Bolivia las medidas de presión acumulan un total de 43 días consecutivos, el departamento de Potosí registra de manera específica 26 jornadas de movilizaciones ininterrumpidas.
Bloqueos y tensiones políticas
Las interrupciones en la infraestructura vial son ejecutadas por sectores del área campesina afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) y por agrupaciones afines a Evo Morales. Estos manifestantes exigen formalmente la renuncia del presidente del Estado, Rodrigo Paz.
Desde la perspectiva institucional de Comcipo, el escenario de conflicto responde a criterios puramente políticos. La directiva potosina argumenta que las actuales movilizaciones estructuran una conspiración explícita coordinada entre la representación de la COB y el expresidente Morales con el propósito de forzar el retorno de este último al poder del Estado.
Pérez concluyó que las medidas de presión vigentes ocasionan serios perjuicios que recaen de forma directa sobre la economía de las familias del departamento. En la actualidad, la población local enfrenta severas complicaciones cotidianas para lograr el abastecimiento regular de alimentos básicos y productos esenciales de consumo familiar.





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