El Gobierno, representado por los ministros de Justicia, César Siles; de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores; y de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, volvió a convocar este martes al sector empresarial para dialogar sobre la implementación de la Disposición Séptima de la Ley 1613, parte del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. Esta norma, cuestionada por sectores empresariales que la califican de “confiscatoria”, ha generado tensiones y resistencia en el ámbito privado.
El ministro de Justicia lamentó la ausencia de las principales cámaras empresariales en el diálogo inicial realizado la semana pasada. Entre las entidades mencionadas están la Cámara de Exportadores de Santa Cruz, la Cámara Nacional de Comercio, la Cámara Nacional de Industrias y la Cámara Agropecuaria del Oriente. “Enviamos invitaciones públicas y formales para discutir la reglamentación, los alcances y los efectos de la disposición. Sin embargo, recibimos respuestas con criterios radicales que evidencian una posición política”, afirmó Siles durante una conferencia de prensa.
Según el Gobierno, el propósito de la norma es garantizar el abastecimiento de alimentos esenciales para la población, en línea con leyes anteriores que establecen mecanismos de control, fiscalización, decomiso y confiscación en casos necesarios. Las autoridades han calificado como “desinformación” y “satanización” las críticas surgidas en algunos sectores empresariales.
“Reiteramos nuestra invitación a un diálogo constructivo, sin posiciones políticas ni radicalismos. Somos un Estado que prioriza la Cultura de Paz. Esta disposición busca garantizar la seguridad alimentaria, un principio fundamental de nuestra gestión”, subrayó el titular de Justicia.
El tema continúa siendo motivo de controversia. Mientras los empresarios temen que la medida afecte la propiedad privada y las operaciones del sector, el Gobierno sostiene que la disposición es una herramienta para proteger el bienestar colectivo.
En los próximos días, la respuesta de los sectores productivos será determinante para evaluar si el diálogo propuesto logra reducir las tensiones y encaminar una solución al conflicto.