El Gobierno anunció la convocatoria a sectores que rechazan la disposición adicional séptima de la Ley de Presupuesto General del Estado, una medida destinada a combatir el agio y la especulación en productos de la canasta familiar. Empresarios y gremiales han manifestado su oposición, advirtiendo movilizaciones si la norma no es derogada.
El anuncio fue realizado por el ministro de Justicia, César Siles, quien estuvo acompañado por los titulares de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, y Desarrollo Rural, Yamil Flores. Siles informó que las reuniones se realizarán del lunes al miércoles en La Paz, con la participación de la Cámara Nacional de Industria (CNI), la Cámara Nacional de Comercio (CNC), la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara de Exportadores de Bolivia (Camex) y gremiales.
La disposición, incluida en la Ley 1613, autoriza controles, fiscalizaciones y decomisos contra quienes almacenen productos básicos con el fin de elevar sus precios. Según el Gobierno, la medida busca garantizar el abastecimiento y precios justos para la población. Sin embargo, los sectores empresariales han expresado su preocupación, argumentando que la norma podría vulnerar la seguridad jurídica de sus operaciones.
En respuesta a las críticas, el Ejecutivo aclaró que la aplicación de la disposición estará condicionada a la elaboración de un reglamento consensuado con los sectores involucrados. Las autoridades ya han sostenido reuniones preliminares con gremiales de El Alto y otras regiones, quienes acordaron participar en el proceso de reglamentación.
Durante el discurso por el 16.º aniversario del Estado Plurinacional, el presidente Luis Arce defendió la medida, subrayando que no busca perjudicar a los buenos empresarios ni confiscar productos de los gremiales, sino frenar prácticas especulativas que afectan a las familias bolivianas.
“No vamos a permitir que las malas prácticas atenten contra el bienestar económico del pueblo. Esta disposición es para proteger el bolsillo de los bolivianos”, enfatizó Arce.
Por su parte, el ministro Siles reiteró la voluntad del Gobierno de dialogar y construir de manera conjunta el reglamento. “Estamos abiertos a escuchar sugerencias y propuestas para que esta normativa se implemente de forma efectiva y consensuada”, afirmó.
No obstante, gremiales y empresarios han mantenido su postura firme y anunciado medidas de presión en caso de que no se derogue la disposición. El desarrollo de las negociaciones en los próximos días será clave para evitar conflictos sociales y lograr un equilibrio entre el control estatal y la seguridad jurídica para los sectores productivos del país.