La Fiscalía General de Colombia ha reactivado las órdenes de captura contra 31 integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), incluidas figuras clave de su cúpula. La medida responde a la reciente ofensiva armada lanzada por este grupo guerrillero en la región del Catatumbo, que ha provocado una crisis humanitaria de gran escala.
Según la resolución firmada por la fiscal general Luz Adriana Camargo, las capturas, suspendidas desde noviembre de 2022 para facilitar las negociaciones de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro, fueron reinstauradas tras el incumplimiento de los acuerdos pactados y la perpetración de nuevos actos criminales por parte del ELN.
Escalada de violencia en el Catatumbo
El conflicto se intensificó el 16 de enero, cuando el ELN atacó al Frente 33 de las disidencias de las FARC en esta región fronteriza con Venezuela. El saldo preliminar de la ofensiva supera los 80 muertos, incluyendo líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz de 2016. Además, se han reportado secuestros, confinamientos forzados y el desplazamiento masivo de unas 32,000 personas, según datos de la Defensoría del Pueblo.
“La violencia desatada y los múltiples delitos mantienen en grave riesgo la vida e integridad de la población civil, así como de líderes sociales y sus familias”, señaló la Fiscalía en un comunicado. El liderazgo del ELN reivindicó el ataque a través de la red social X, en una publicación atribuida a su comandante alias ‘Antonio García’.
Suspensión del proceso de paz
El restablecimiento de las órdenes de captura representa un golpe a los esfuerzos de paz con el ELN. Las negociaciones, ya estancadas desde hace meses por desacuerdos entre las partes, fueron formalmente suspendidas por el presidente Petro el pasado viernes, tras los actos de violencia registrados.
En respuesta, el mandatario anunció medidas extraordinarias, incluyendo la posible declaración de un estado de conmoción interior y una emergencia económica. Sin embargo, estos decretos no se han oficializado hasta el momento.
Una crisis latente
El Catatumbo ha sido históricamente una de las regiones más afectadas por la violencia de grupos armados ilegales. Desde noviembre de 2024, la Defensoría del Pueblo había advertido sobre el incremento de amenazas contra la población civil debido a la presencia de actores armados en la zona.
Hasta ahora, el Instituto de Medicina Legal ha confirmado la recuperación de 35 cuerpos, aunque se teme que el número de víctimas sea mayor debido a la falta de acceso a áreas rurales afectadas por los enfrentamientos. Las Fuerzas Militares han priorizado las operaciones de asistencia humanitaria y la evacuación de heridos.
Retos e implicaciones
La reactivación de las órdenes de captura subraya el deterioro de los intentos de alcanzar la paz con el ELN y plantea interrogantes sobre la capacidad del gobierno de Gustavo Petro para manejar el conflicto armado.
La situación humanitaria en el Catatumbo demanda una respuesta urgente y coordinada que permita atender a los desplazados y garantizar la protección de los derechos humanos en la región.
La comunidad internacional observa con atención los acontecimientos, mientras crece la presión para que las autoridades colombianas implementen soluciones sostenibles a largo plazo que pongan fin a décadas de violencia. Los próximos pasos del Gobierno serán cruciales para determinar el curso del conflicto armado en el país.
