La Cámara Nacional de Comercio (CNC) expresó su profunda preocupación ante la falta de respuesta del Gobierno a su solicitud de anular la Disposición Séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. Según el gremio empresarial, esta norma pone en riesgo derechos constitucionales clave para las empresas del sector formal.
La disposición faculta a funcionarios públicos a intervenir inventarios de mercaderías si consideran que los precios de venta son superiores a lo que ellos definen como “justo”. Para la CNC, esta medida abre la puerta a acciones arbitrarias que podrían vulnerar la libertad de empresa y la propiedad privada.
“El comercio formal no debe ser tratado como sospechoso de agio o especulación sin pruebas ni una base jurídica sólida”, señaló el presidente de la CNC, Jaime Ascarrunz Eduardo, en un comunicado. El gremio advirtió que esta normativa podría derivar en confiscaciones injustificadas de mercadería, afectando principalmente a comerciantes que operan en el marco de la legalidad.
La CNC también criticó que la norma se aprobó sin diálogo previo ni consenso con los sectores afectados. En su pronunciamiento, realizado la semana pasada, instó al Gobierno a modificar de inmediato la Disposición Séptima en coordinación con representantes del sector privado, señalando que su implementación podría generar graves impactos económicos y sociales.
El gremio hizo un llamado al diálogo abierto con las autoridades, enfatizando la necesidad de preservar el Estado de Derecho y garantizar los derechos fundamentales de las empresas. “Las empresas comerciales, que generan empleo y contribuyen al desarrollo económico del país, no pueden operar bajo el constante temor de intervenciones arbitrarias”, concluyó el comunicado.