El expresidente Evo Morales denunció que enfrenta dificultades para recibir atención médica debido a “razones de seguridad” y a presuntas órdenes del Gobierno que habrían instruido a los médicos a no atenderlo. Morales, sobre quien pesa una orden de aprehensión por un caso de trata de personas, realizó estas afirmaciones durante su programa radial emitido desde su domicilio en el trópico de Cochabamba.
El exmandatario aseguró que tanto médicos estatales como privados han recibido instrucciones de no brindarle asistencia. Según Morales, estas directrices provendrían del Ministerio de Salud y otras instituciones. Sin embargo, no presentó evidencias que respalden sus acusaciones.
Dificultades para acceder a atención médica
Morales explicó que su equipo legal le recomendó realizarse estudios médicos para justificar su ausencia en dos audiencias judiciales, tras haber sido declarado en rebeldía. Pese a ello, afirmó que los médicos inicialmente dispuestos a visitarlo desistieron tras recibir supuestas órdenes del Ministerio de Salud.
“Buscamos clínicas privadas y logramos que un médico viniera. Pero después de atenderme, fue despedido de su trabajo”, denunció Morales. Asimismo, aseguró que otro profesional le informó que las instrucciones de no atenderlo provenían directamente de la ministra de Salud, María Reneé Castro.
El exmandatario, quien permanece en el trópico desde noviembre de 2024, declaró que los riesgos a su seguridad personal le impiden salir de la región para recibir atención en un hospital. “Por razones de seguridad no puedo salir. Antes, algunos médicos lograron visitarme y me confirmaron que mi salud está deteriorada”, sostuvo.
Reacciones oficiales y contexto político
Hasta el momento, la ministra de Salud no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones de Morales. En tanto, el expresidente sigue evitando cumplir las disposiciones judiciales que exigen su presencia en Cochabamba, respaldado por sus seguidores en el trópico.
Este episodio refleja la creciente tensión entre el Gobierno y Morales, quien enfrenta un proceso judicial mientras denuncia restricciones que, según él, buscan aislarlo y deslegitimarlo políticamente.
La situación ha generado preocupación en diversos sectores, al destacar las complejas implicancias políticas y legales que rodean al exmandatario y sus relaciones con las instituciones del Estado.