Tras extensas negociaciones, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) y el Gobierno no lograron un acuerdo sobre la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE). Esta norma, que habilita el decomiso y la confiscación de productos acopiados con fines especulativos, ha generado un fuerte rechazo entre los sectores empresariales.
El presidente de la CNI, Pablo Camacho, calificó la medida como “extorsiva y arbitraria” y reiteró la demanda de su derogación. “Le hemos transmitido al ministro nuestra posición de rechazo. Creemos que esta disposición debe ser eliminada”, afirmó Camacho, quien también señaló que la convocatoria a la reunión se realizó de manera repentina, lo que dificultó la participación de representantes del sector agroindustrial cruceño.
Por parte del Gobierno, participaron los ministros de Justicia, César Siles; de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca; y de Desarrollo Rural, Yamil Flores. Según las autoridades, la norma está diseñada para combatir prácticas como el agio, el contrabando y la especulación, y no afectará a quienes operen dentro de la legalidad. Sin embargo, estas explicaciones no lograron convencer al sector industrial, que considera que la disposición podría dar lugar a interpretaciones arbitrarias y afectar la seguridad jurídica.
La disposición en cuestión autoriza a las autoridades a confiscar productos almacenados con el objetivo de encarecer precios, argumentando que busca garantizar el abastecimiento de alimentos esenciales. Mientras el Gobierno asegura que esta medida es clave para combatir irregularidades en el mercado, los empresarios advierten que podría desincentivar la producción y afectar negativamente a la economía nacional.
Ampliado rechazo del sector privado
El rechazo no se limita a la CNI. Organizaciones como la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) y la Confederación Nacional de Agricultura de Bolivia (Confeagro) también han expresado su oposición. A estos se suman gremiales, comerciantes y políticos de oposición, quienes advierten que la norma podría generar incertidumbre y dañar a diversos sectores productivos.
Pese a que las conversaciones continuarán en próximas reuniones, la postura del empresariado se mantiene firme. Camacho adelantó que las cámaras seguirán exigiendo la derogación de la norma. Por su parte, el Gobierno aseguró que los controles derivados de esta disposición no se implementarán hasta que se elabore una reglamentación consensuada con los sectores involucrados.
La falta de consenso deja en evidencia las tensiones entre el Ejecutivo y el sector privado, en un contexto económico marcado por la incertidumbre y la búsqueda de seguridad jurídica.