El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) suscribieron este jueves un acuerdo histórico destinado a fortalecer el proceso de las Elecciones Generales de 2025. El objetivo central es brindar certidumbre a la población y garantizar la transparencia del sistema democrático boliviano.
La reunión tuvo lugar en las oficinas del TSE en La Paz, con la participación de magistrados del TCP y vocales del TSE. Según el documento firmado, ambas instituciones se comprometieron a coordinar acciones dentro de sus atribuciones constitucionales para proteger los derechos políticos y fomentar la participación ciudadana.
Principales compromisos del acuerdo
El acuerdo establece cinco puntos clave:
1. Certidumbre electoral: Las dos instituciones reafirmaron su compromiso de garantizar elecciones generales transparentes y ajustadas a los principios de la Constitución.
2. Legalidad y eficiencia: El TSE se comprometió a actuar con celeridad, eficacia y probidad en la resolución de asuntos técnico-electorales.
3. Resoluciones oportunas: El TCP aseguró que atenderá con rapidez y precisión las causas relacionadas con el proceso electoral, dentro de su jurisdicción.
4. Formación y capacitación: Ambas entidades acordaron desarrollar actividades conjuntas para fortalecer al personal en materia electoral y constitucional.
5. Protección de derechos democráticos: El documento subraya la necesidad de respetar los derechos de los votantes, candidatos y partidos políticos, promoviendo la confianza en el sistema electoral.
Contexto y cuestionamientos
El acuerdo se firma en un momento de tensión política, marcado por críticas hacia los magistrados del TCP, quienes han sido acusados de extender sus mandatos y tomar decisiones controversiales, como las relacionadas con las elecciones judiciales. Según José Antonio Rivera, abogado constitucionalista, existe preocupación de que el TCP pueda emitir sentencias que afecten la realización de los comicios presidenciales.
Pese a estos cuestionamientos, el convenio busca fortalecer la colaboración interinstitucional, evitando posibles retrasos y garantizando el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.