La Unidad de Anticorrupción realizó este lunes un allanamiento en las oficinas de Derechos Reales del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, como parte de una investigación sobre un supuesto caso de manipulación informática y enriquecimiento ilícito vinculado a la tramitación de títulos de propiedad de inmuebles.
Según el informe preliminar, las pesquisas apuntan a la participación de dos jueces registradores en un esquema que habría desviado fondos públicos hacia cuentas privadas. Las autoridades estiman que el perjuicio económico al Estado asciende a aproximadamente dos millones de bolivianos.
El operativo tuvo como objetivo recolectar evidencias clave para determinar la magnitud del daño y establecer responsabilidades. En este sentido, las autoridades reafirmaron su compromiso de combatir la corrupción en instituciones esenciales para garantizar el acceso a la justicia y la seguridad jurídica de la población.
Este caso vuelve a poner en el centro del debate la vulnerabilidad de los sistemas de registro público frente a actividades ilícitas, destacando la necesidad de implementar controles más estrictos y medidas de transparencia en la administración de Derechos Reales.