El juez Nelson Alberto Rocabado, del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de Tarija, inició este martes la audiencia de medidas cautelares contra el expresidente Evo Morales, quien no se presentó ante el tribunal. La sesión, programada para las 09:30, comenzó minutos antes de las 10:00.
Morales enfrenta acusaciones por un presunto caso de trata y tráfico de personas, en el que se lo vincula con una menor de edad y el nacimiento de una hija en 2016. El expresidente fue notificado por edicto judicial, y la Fiscalía ha solicitado su detención preventiva. Actualmente, Morales permanece en el trópico de Cochabamba, protegido por una “guardia sindical”, según informes oficiales.
Operativos de seguridad en el tribunal
Previo a la audiencia, efectivos de la Unidad de Explosivos de la Dirección de Bomberos inspeccionaron las instalaciones del tribunal, mientras un fuerte operativo policial resguardaba el lugar. Aunque la defensa de Morales había anticipado su ausencia, el juez esperó al acusado en la sala judicial antes de iniciar la sesión.
La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, indicó que Morales podría ser declarado rebelde por no comparecer, aunque subrayó que la decisión final corresponde al juez. Este caso ha generado gran interés público debido a la gravedad de las acusaciones y al perfil del implicado.
Cruce de declaraciones y cuestionamientos legales
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, retó al exmandatario a someterse a una prueba de ADN para demostrar su inocencia. Por su parte, los abogados de Morales cuestionaron la validez de la notificación, argumentando que no se cumplieron los procedimientos legales necesarios. Sin embargo, la Fiscalía presentó los edictos como prueba de una notificación conforme a la normativa.
El caso, que ha polarizado a la opinión pública, sigue bajo el escrutinio de la justicia y la sociedad. La inasistencia de Morales en esta etapa clave del proceso plantea interrogantes sobre las acciones legales que tomarán las autoridades para garantizar el cumplimiento del procedimiento.