La Fiscalía amplió las investigaciones contra seis funcionarios de las alcaldías de La Paz y Achocalla por su presunta responsabilidad en la tragedia ocurrida en Bajo Llojeta, donde un deslizamiento de mazamorra el pasado 23 de noviembre cobró la vida de la niña Camila, de cinco años, y dejó a varias familias damnificadas.
El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Walter Sossa, informó que las citaciones ya fueron emitidas y que los implicados deberán presentarse a declarar en calidad de investigados en las próximas horas. “Se trata de funcionarios públicos responsables de Gestión de Riesgos y técnicos que deberán responder ante las denuncias”, explicó Sossa.
En este caso, el alcalde de Achocalla, Manuel Condori, guarda detención preventiva desde el 5 de diciembre en la cárcel de Patacamaya, acusado de incumplimiento de deberes y lesiones graves y gravísimas. Por su parte, el alcalde paceño, Iván Arias, declaró en libertad ante la comisión de fiscales el pasado 9 de diciembre.
Además, Luis Enrique Iturralde, propietario de la inmobiliaria vinculada a un cementerio privado ubicado en la zona afectada, enfrenta múltiples cargos, incluyendo peligro de estrago y homicidio culposo. Iturralde permanece bajo detención domiciliaria en Perú desde noviembre de 2023, mientras se tramita su extradición, según confirmó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos.
La ampliación de la investigación refleja la gravedad del caso y la búsqueda de responsables por una tragedia que evidenció fallas en la gestión de riesgos y la respuesta oportuna de las autoridades municipales.