Un total de 22 sectores productivos y comerciales del país demandaron al Gobierno nacional una solución urgente a la escasez de dólares y al desabastecimiento de carburantes, advirtiendo sobre graves consecuencias en los costos de producción, transporte y comercialización. También exigieron la derogación de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, al considerarla una fuente de inseguridad jurídica para las cadenas de suministro.
El pronunciamiento fue presentado por el presidente de la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro), José Luis Farah, quien advirtió que la falta de dólares ha incrementado los precios de productos tanto importados como nacionales, mientras que la escasez de carburantes ha elevado significativamente los costos operativos. Estas problemáticas, afirmaron, amenazan la continuidad de miles de actores económicos y podrían derivar en un desabastecimiento generalizado.
“Estamos enfrentando un fuerte incremento en los costos de producción, transporte y comercialización, lo que pone en jaque la viabilidad de nuestras cadenas de abastecimiento”, subrayaron los representantes de los sectores en un comunicado conjunto.
Críticas a la gestión gubernamental
Los sectores también cuestionaron las acciones del Gobierno, acusándolo de optar por medidas coercitivas en lugar de soluciones estructurales. Como ejemplo, destacaron que las recientes intervenciones no han resuelto la escasez de productos básicos como arroz y aceite, fundamentales para la canasta familiar.
Adicionalmente, denunciaron que la Disposición Adicional Séptima de la Ley 1613, que habilita confiscaciones bajo el argumento de especulación, genera incertidumbre jurídica y abre la puerta a posibles abusos y extorsiones por parte de funcionarios.
Demandas concretas al Ejecutivo
En su declaración, los sectores productivos solicitaron al Gobierno garantizar el suministro de carburantes para estabilizar los costos logísticos y mejorar la disponibilidad de divisas en el mercado interno. Argumentaron que el alza en los precios de productos importados no responde a factores externos, sino a la escasez de dólares en el país.
Asimismo, instaron a los órganos Ejecutivo y Legislativo a corregir lo que consideran un “grave error” mediante la derogación de la Disposición Adicional Séptima, con el fin de proteger la producción nacional y garantizar el abastecimiento para la población.
El pronunciamiento culminó con un llamado urgente al Gobierno para actuar de manera responsable y priorizar medidas que brinden estabilidad económica y social, advirtiendo que la inacción podría desencadenar una crisis de mayores proporciones.