El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) inauguró este lunes el año judicial con la ratificación de Gonzalo Hurtado como presidente. El acto, celebrado a puerta cerrada, estuvo marcado por la ausencia de los magistrados electos en las elecciones judiciales del pasado 15 de diciembre, lo que subraya la compleja situación institucional que atraviesa el máximo órgano de justicia constitucional de Bolivia.
Hurtado contó con el respaldo de los magistrados prorrogados, quienes actualmente constituyen la mayoría en el TCP debido a la demora en la posesión de los nuevos integrantes. En representación del Gobierno, el ministro de Justicia, César Siles, asistió al evento, que tuvo un tono discreto en medio de las tensiones generadas por el proceso de transición incompleto.
Contexto de las elecciones judiciales
El 15 de diciembre, Bolivia celebró comicios judiciales en los que fueron electos Ángel Edson Dávalos Rojas (Chuquisaca), Paola Verónica Prudencio Candia (Oruro), Amalia Laura Villca (Potosí) y Boris Wilson Arias López (La Paz) como nuevos magistrados del TCP. Sin embargo, las elecciones no pudieron realizarse en algunos departamentos, dejando vacantes que han obligado a cinco magistrados prorrogados, incluido Hurtado, a permanecer en sus cargos.
En un esfuerzo por legitimar esta extensión, los magistrados autoprorrogados emitieron el auto constitucional 0113/2024, que establece la continuidad de su mandato hasta que se finalice la elección y posesión de los magistrados pendientes. Este escenario ha generado incertidumbre sobre la composición definitiva del TCP y el impacto de esta situación en la administración de justicia constitucional.
Consolidación del poder prorrogado
La ratificación de Hurtado sin la participación de los magistrados electos pone de relieve el predominio de los magistrados prorrogados en una institución clave para el sistema judicial boliviano. La falta de definición en la estructura del TCP no solo prolonga la transición, sino que también plantea interrogantes sobre el futuro del órgano encargado de velar por el respeto a la Constitución y los derechos fundamentales en el país.
A medida que avance el año judicial, se espera que la elección y posesión de los magistrados restantes contribuya a normalizar la composición del TCP, aunque el proceso sigue enfrentando desafíos logísticos y políticos que condicionan el panorama institucional.