La Justicia boliviana dictó la primera sentencia relacionada con los bloqueos en Parotani, uno de los epicentros de las protestas organizadas por sectores afines al expresidente Evo Morales. Rodrigo Cuellar Chamo fue condenado a tres años de prisión por los delitos de terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte y agresión a miembros de organismos de seguridad del Estado. La decisión fue emitida por la jueza Regina Santa Cruz el jueves.
El fallo establece que Cuellar cumplirá su condena en el penal de Patacamaya, en el departamento de La Paz. Este caso sienta un precedente en la resolución de los conflictos vinculados a los bloqueos carreteros ocurridos entre octubre y noviembre, que generaron fuertes tensiones en diversas regiones del país.
Contexto de los bloqueos
Parotani, ubicado en el departamento de Cochabamba, fue escenario de enfrentamientos durante las movilizaciones impulsadas por simpatizantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido de Morales. Estas protestas, que se extendieron por 24 días, dejaron a varios policías heridos en los operativos de desbloqueo, según reportes oficiales.
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, informó que durante las protestas se detuvo a más de 170 personas, muchas de ellas en Parotani. A los aprehendidos se les atribuyeron cargos por posesión de explosivos, incitación a la violencia y agresiones contra efectivos policiales.
Motivos y repercusiones
El bloqueo, que comenzó el 14 de octubre, tuvo como objetivo respaldar la candidatura de Evo Morales y exigir la suspensión de procesos judiciales en su contra, incluyendo acusaciones por trata y tráfico de personas.
La sentencia contra Cuellar es vista como un avance en los esfuerzos del sistema judicial por abordar las consecuencias legales de estos hechos. Además, podría influir en el tratamiento de los casos pendientes relacionados con las protestas.
Implicaciones legales
El veredicto refuerza la postura del Estado frente a las movilizaciones que derivan en actos violentos o que vulneran las leyes. “Este tipo de decisiones envía un mensaje claro sobre las consecuencias de transgredir las normas bajo el pretexto de reivindicaciones políticas”, señaló una fuente judicial consultada al respecto.
Con este fallo, la Justicia boliviana marca un hito en el manejo de los conflictos sociales, destacando la importancia de preservar el orden y la seguridad en el marco de las protestas políticas.