La Fiscalía y la Policía ejecutaron un allanamiento en oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Santa Cruz, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la contratación y compra de crudo a la empresa Trafigura.
El operativo se realizó en instalaciones ubicadas en la doble vía a La Guardia. Según el fiscal Omar Quisbert Rosales, el registro busca recolectar evidencia sobre posibles delitos vinculados a contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Investigación por contratos con Trafigura
El fiscal Quisbert informó que la indagación se centra en el proceso de contratación y adquisición de crudo por parte de YPFB con la empresa internacional Trafigura. Precisó que el allanamiento permitirá verificar documentación clave y establecer si existieron irregularidades administrativas o económicas.
“La investigación se dirige contra presuntos autores, pero no se descarta ampliar el alcance tras el registro del lugar de los hechos”, declaró la autoridad, según reportes oficiales.
Delitos bajo análisis
De acuerdo con la Fiscalía, al menos tres tipos penales están bajo evaluación:
- Contratos lesivos al Estado
- Incumplimiento de deberes
- Conducta antieconómica
Estos delitos están relacionados con posibles perjuicios económicos al Estado en el proceso de contratación.
Antecedentes: suspensión de contratos
El caso se vincula con la decisión del Gobierno, anunciada el 31 de marzo, de suspender los contratos con Trafigura. La medida respondió a denuncias sobre combustible importado presuntamente desestabilizado que fue comercializado en el país.
Según información oficial, usuarios reportaron daños en sus vehículos, lo que derivó en reclamos generalizados. En ese contexto, el Ejecutivo inició acciones para identificar responsabilidades en toda la cadena de abastecimiento, desde la importación hasta la distribución de carburantes.
Posición de la empresa Trafigura
En respuesta a las acusaciones, la empresa Trafigura sostuvo que los contratos firmados con YPFB no contemplan el suministro de gasolina. Además, afirmó que los acuerdos continúan vigentes con el Estado boliviano.
La compañía también aseguró que ha cumplido con sus obligaciones contractuales y que no recibió observaciones sobre la calidad del producto por parte de la estatal petrolera.
Las autoridades no descartan ampliar las investigaciones tras el análisis de la documentación recolectada durante el allanamiento. El objetivo es establecer responsabilidades en el proceso de contratación y determinar si hubo daño económico al Estado.



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