El Tribunal Supremo de Justicia condenó al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y a tres de sus exministros en el emblemático caso “Petrocontratos”, en un fallo que el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional calificó como “histórico y contundente”. La decisión allana el camino para un posible proceso de extradición, destacó la cartera de Estado en un comunicado.
Sánchez de Lozada, conocido como “Goni”, recibió una pena de seis años y tres meses de prisión, que deberá cumplir en el penal de San Pedro de Chonchocoro, en La Paz. Sus exministros Jorge Berindoague, Carlos Contreras y Carlos López Quiroga fueron condenados a cinco años de cárcel cada uno y quedaron inhabilitados para ejercer funciones públicas por el mismo periodo.
Los sentenciados fueron hallados culpables de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, delitos relacionados con la firma irregular de 107 contratos para la comercialización y explotación de hidrocarburos sin la autorización del entonces Poder Legislativo. Estas acciones, según el Gobierno, vulneraron la Constitución y comprometieron el patrimonio y la soberanía nacional, reflejando la implementación de un modelo neoliberal en detrimento de los intereses del país.
“Un avance contra la impunidad”
El Ministerio de Justicia destacó que el proceso judicial se desarrolló respetando el debido proceso y representa un paso significativo en la lucha contra la impunidad. Además, enfatizó que la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción permite iniciar el proceso de extradición contra los condenados, quienes residen fuera del país.
El fallo también abre la posibilidad de emprender acciones civiles de resarcimiento para reparar el daño económico ocasionado al Estado boliviano, según adelantó la cartera de Justicia.
Contexto y antecedentes
El caso “Petrocontratos” se remonta a 2005 e involucró inicialmente a otras figuras políticas, como el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, excluido en 2018 tras una amnistía concedida por el entonces presidente Evo Morales.
La sentencia ha sido vinculada simbólicamente a la memoria de las víctimas de la Guerra del Gas de 2003, un periodo de protestas en el que decenas de personas perdieron la vida mientras se manifestaban contra el gobierno de Sánchez de Lozada. Según el Ministerio, este fallo es también un acto de “reparación moral” para el pueblo boliviano y, en particular, para los afectados por los hechos de ese año.
Compromiso con la justicia
El Ministerio reafirmó su política de “Cero Tolerancia a la Corrupción”, subrayando que esta resolución no solo representa un triunfo jurídico, sino que también refuerza la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública.
Esta histórica sentencia marca un precedente significativo en Bolivia, al consolidar un mensaje de justicia y responsabilidad en la gestión estatal.