El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, alertó sobre un preocupante aumento en el tráfico de armas destinadas a organizaciones criminales en Bolivia, un fenómeno que está potenciando la violencia en varias regiones del país. Según la autoridad, estas armas han sido utilizadas en episodios violentos ocurridos en Pucamayo, Santa Rita y Exaltación, exponiendo la creciente sofisticación de las tácticas criminales para evitar su rastreo.
“El tráfico de armas no autorizadas tiene tres propósitos principales: resistir a las fuerzas del orden, enfrentarse a otras organizaciones criminales y generar temor en las comunidades donde operan”, explicó Aguilera en una entrevista concedida a un medio estatal.
Operativos y hallazgos recientes
En operativos recientes, las fuerzas del orden confiscaron 300 fusiles AR-15, muchos de ellos encontrados en un depósito aéreo en piezas desmontadas, lo que los hacía asemejar un “rompecabezas”. Según las investigaciones, los traficantes desarman las armas por completo y reemplazan la pieza que contiene el número de identificación con versiones artesanales, lo que dificulta su rastreo.
Además, en Cochabamba, las autoridades capturaron a nueve personas vinculadas a organizaciones criminales dedicadas al sicariato y al narcotráfico. Este hallazgo confirma la estrecha relación entre el tráfico de armas y el narcotráfico, dos actividades que representan una grave amenaza para la seguridad nacional.
Un problema transnacional
El tráfico de armas no solo fortalece el poder de los grupos criminales, sino que también alimenta la violencia en las comunidades afectadas. Ante esta situación, Aguilera subrayó la necesidad de reforzar los controles fronterizos y coordinar esfuerzos con países vecinos para frenar esta actividad ilícita.
La proliferación de armas ilegales plantea serias consecuencias para la seguridad pública y el desarrollo de las comunidades bolivianas. Frente a este escenario, las autoridades hacen un llamado urgente a implementar medidas integrales que combinen acciones de seguridad, políticas de prevención y una cooperación internacional efectiva para combatir el tráfico de armas y reducir su impacto en la sociedad.