Un grupo de avasalladores tomó control de predios en Santa Rita, provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz, y desalojó a un contingente policial enviado para resguardar el lugar. Los hechos, ocurridos este sábado, intensifican el conflicto por la ocupación ilegal de tierras en la región, con implicaciones graves para la seguridad y la producción agrícola.
Trabajadores del predio, que abarca más de 6,000 hectáreas, denunciaron que el grupo irregular los obligó a abandonar la tierra una vez concluida la cosecha. Además, los avasalladores advirtieron sobre represalias si la Policía intenta retomar el control.
“Hicieron huir a la Policía, los golpearon. A nosotros nos dejaron, pero nos dijeron que debemos irnos después de la cosecha. Estamos asustados”, relató un obrero.
La acción ocurrió apenas un día después de que un operativo policial lograra desalojar a unos 200 ocupantes ilegales. En respuesta, el grupo regresó armado con escopetas, consolidando su control mediante la instalación de chozas.
Respuesta de las autoridades
El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, condenó los actos y los atribuyó a “organizaciones criminales” que lucran parcelando tierras ilegalmente. Aseguró que se intensificarán las acciones para restablecer el orden, incluyendo investigaciones penales.
“No toleraremos estas acciones. Corresponde juzgar a los responsables y devolver el estado de derecho”, afirmó Aguilera, destacando la coordinación con la Fuerza Aérea para futuras intervenciones.
Críticas a la inacción policial
El abogado agrario Álvaro Latorre identificó a seis dirigentes interculturales presuntamente responsables de liderar la ocupación, denunciando que las órdenes de aprehensión en su contra no han sido ejecutadas desde mayo. Según Latorre, los ocupantes provienen de San Julián, no de Guarayos, y sus acciones afectan la producción alimentaria y la seguridad jurídica.
La toma de tierras en Santa Rita no solo genera pérdidas económicas y paraliza la producción agrícola, sino que también evidencia debilidades en la capacidad del Estado para garantizar el cumplimiento de la ley. La situación exige una respuesta contundente para evitar que estos actos se normalicen, afectando tanto a propietarios como a la seguridad alimentaria del país.