En una reunión celebrada este miércoles en Santa Cruz, los gobernadores de cuatro departamentos y equipos técnicos de otros tres rechazaron el Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 presentado por el Gobierno nacional. Según el pronunciamiento firmado, el rechazo se debe a que el anteproyecto incumple acuerdos previos alcanzados en el Consejo Nacional de Autonomías y reuniones técnicas con ministerios.
“El presupuesto no responde a las necesidades de las regiones ni a los compromisos asumidos por el presidente Luis Arce”, afirmó Mario Aguilera, gobernador suplente de Santa Cruz.
Demandas sobre protección de bosques
Además del PGE, la reunión abordó temas ambientales clave, entre ellos la gestión de los recursos generados por servicios medioambientales. Los gobernadores celebraron la reciente sentencia constitucional que permite a Bolivia proteger sus bosques y generar ingresos estimados en $us 5.000 millones anuales. Sin embargo, rechazaron el Decreto Supremo 5264, argumentando que excluye a gobernaciones, municipios, comunidades indígenas y población local de la gestión y distribución de estos recursos.
Los gobernadores solicitaron un marco legal que garantice una administración equitativa y democrática de los fondos derivados de los mercados de carbono. También anunciaron que trabajarán una propuesta técnica y jurídica para participar en la distribución de estos ingresos.
“Es fundamental garantizar la sustentabilidad de nuestras autonomías mediante una planificación responsable de nuestros territorios,” concluyó Aguilera.
Esta postura evidencia un creciente conflicto entre las regiones y el Gobierno central, con implicaciones que afectan no solo la gestión presupuestaria, sino también la administración ambiental y la sostenibilidad de las autonomías.