A partir de la promulgación de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, los jubilados que sigan trabajando en el sector público o privado ya no recibirán la Renta Dignidad, según anunció el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro. Esta medida, que entrará en tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), busca redistribuir el beneficio hacia quienes más lo necesitan.
En una conferencia de prensa realizada en la Casa Grande del Pueblo, Montenegro explicó que los jubilados que están inactivos seguirán recibiendo la Renta Dignidad junto con su pensión. Sin embargo, quienes permanezcan en actividad laboral dejarán de percibir este beneficio hasta que se retiren definitivamente.
“Algunos jubilados tienen ingresos cercanos al 100% de su último salario y además reciben la Renta Dignidad. Solidariamente, debemos priorizar a quienes realmente necesitan este apoyo”, argumentó el ministro. Asimismo, mencionó que accionistas y empresarios también quedarán excluidos debido a su estatus financiero.
Implicaciones del proyecto de ley
El artículo 3 del proyecto de ley del PGE 2025 detalla las excepciones para acceder a la Renta Universal de Vejez:
1. Trabajadores dependientes del sector público o privado.
2. Accionistas, socios y directores de empresas registradas.
3. Personas que reciben complementos de pensión financiados por el Tesoro General de la Nación.
4. Jubilados que ya perciben una pensión de la Seguridad Social de Largo Plazo.
5. Titulares o beneficiarios de gastos funerarios.
Montenegro aseguró que la Renta Dignidad continuará garantizada para los jubilados inactivos y aquellos no registrados en el sistema de pensiones. “La idea es que este beneficio llegue a toda la población que realmente lo necesita”, afirmó.
Críticas y debate
La propuesta ha generado debate público sobre los criterios de equidad y necesidad en la distribución de la Renta Dignidad. Mientras algunos sectores consideran que es una medida justa para focalizar los recursos, otros cuestionan la exclusión de ciertos grupos de beneficiarios.
El proyecto de ley será debatido en los siguientes días en la Asamblea Legislativa Plurinacional y, de ser aprobado, los cambios entrarían en vigor con la promulgación del PGE 2025 a partir de enero.