La Fiscalía Departamental de La Paz abrió una investigación de oficio tras el deslizamiento de una mazamorra en la zona de Bajo Llojeta, que cobró la vida de una niña de cinco años. El fiscal departamental, Luis Carlos Torrez, informó que el caso será investigado bajo los delitos de “otros estragos” y “peligro de estragos con agravante” debido al fallecimiento registrado.
Torrez explicó que el objetivo inicial es determinar si los movimientos de tierra en la zona contaban con la debida autorización legal. “El suscrito fiscal departamental se hizo presente en el lugar del hecho para constatar lo ocurrido y garantizar a las víctimas que este suceso será investigado a profundidad”, señaló. Para ello, se conformó una comisión de fiscales que trabajará en el esclarecimiento de los hechos y la identificación de responsabilidades penales.
Entre las primeras acciones, el Ministerio Público convocará a declarar a autoridades clave, incluyendo al alcalde de La Paz, al alcalde de Achocalla y a técnicos responsables de emitir autorizaciones para los movimientos de tierra en la zona. Asimismo, se investigará a la persona directamente encargada de las obras que habrían provocado el deslizamiento.
Compromiso con las víctimas
La Fiscalía aseguró que el caso no quedará en la impunidad. “Vamos a llegar a la verdad histórica de los hechos”, subrayó Torrez, destacando la importancia de esclarecer responsabilidades en un incidente que ha causado tanto daño humano y material.
Durante su visita a Bajo Llojeta, Torrez entregó un stock de agua a las familias afectadas, como un gesto de apoyo en medio de la tragedia. La comunidad, compuesta en gran parte por familias damnificadas, espera respuestas claras y acciones concretas para evitar futuros desastres similares.
Implicaciones y prevención
El caso pone en evidencia los riesgos asociados a la planificación y regulación de obras en zonas propensas a deslizamientos. Las autoridades municipales y técnicas estarán bajo escrutinio, mientras se evalúa si hubo negligencia o incumplimiento de normativas en la autorización de movimientos de tierra.
La tragedia en Bajo Llojeta no solo ha conmocionado a la población paceña, sino que también abre el debate sobre la necesidad de reforzar controles en áreas de alto riesgo. La investigación en curso marcará un precedente en la búsqueda de justicia para las víctimas y en la implementación de medidas preventivas que eviten nuevas catástrofes.