El diputado de la alianza Unidad, Carlos Alarcón, afirmó que la investigación por el caso de gasolina adulterada debe ampliarse y alcanzar no solo a empresas proveedoras, sino también a autoridades de YPFB. La declaración surge en medio de cuestionamientos sobre fallas en los controles de calidad del combustible.
Según el legislador, existen responsabilidades tanto políticas como jurídicas que deben esclarecerse con urgencia. Además, pidió que el Gobierno actúe con medidas legales concretas mientras continúan las indagaciones.
Investigación por gasolina adulterada
Alarcón explicó que el Ejecutivo identificó dos posibles causas del problema. La primera se relaciona con contratos firmados con empresas proveedoras de combustible.
El diputado sostuvo que estas compañías podrían haber entregado gasolina de menor calidad a la pactada. En ese caso, indicó que el Estado debe rescindir los contratos y presentar demandas para que asuman los daños ocasionados.
Sin embargo, planteó un segundo escenario. Si el combustible fue recibido conforme a los estándares, la responsabilidad recaería directamente en YPFB. “Se debe determinar si la compra fue realizada por la actual o anterior administración”, precisó.
Determinación de responsabilidades administrativas
El legislador enfatizó la necesidad de identificar quién autorizó la adquisición del producto defectuoso. Según sus declaraciones, esto permitirá establecer responsabilidades individuales dentro de la estatal petrolera.
También remarcó que la investigación debe avanzar sin sesgos políticos y con base en pruebas técnicas.
Posible red internacional de adulteración de combustible
Alarcón mencionó una segunda línea de investigación vinculada a una presunta red internacional. Esta estructura operaría mediante el desvío de cisternas para adulterar gasolina antes de su ingreso al país.
“Para desviar cisternas y contaminar el combustible tiene que haber participación de conductores y posiblemente de propietarios”, afirmó en entrevista con red Uno.
Participación de actores en la cadena logística
El diputado señaló que el esquema implicaría varios niveles de participación. Desde transportistas hasta dueños de cisternas podrían estar involucrados en la manipulación del combustible.
En ese contexto, pidió una investigación exhaustiva que incluya a todos los actores de la cadena logística. Además, solicitó verificar si esta red continúa operando en rutas internacionales.
Cuestionamientos a la fiscalización estatal
El legislador criticó los sistemas de control que permitieron el ingreso de grandes volúmenes de combustible adulterado. A su juicio, los mecanismos técnicos debieron detectar las irregularidades antes de su distribución.
“Ha habido una pésima fiscalización”, sostuvo, al referirse a las fallas en los controles de calidad.
Necesidad de reforzar controles técnicos
Alarcón planteó fortalecer la supervisión en puntos clave como cisternas y rutas de importación. También pidió revisar los protocolos de verificación para evitar nuevos casos.
Según sus declaraciones, este caso evidencia debilidades estructurales en el sistema de control estatal.
Gobierno enfrenta presión para formalizar acciones legales
El diputado instó al Gobierno a ir más allá de las denuncias públicas. En su criterio, es necesario formalizar querellas y actuar de inmediato contra los implicados.
Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones. La población espera respuestas claras sobre un caso que ha generado fuerte preocupación en el sector hidrocarburífero.





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