Un informe de la Defensoría del Pueblo revela que la minería de oro en el área protegida del Madidi, Bolivia, está afectando gravemente los derechos humanos de las comunidades indígenas originario campesinas. Entre los derechos vulnerados destacan el acceso a un medio ambiente sano, el agua, la salud y la vida.
El documento, titulado “Nuestra Casa sin Derechos: Vulneración del ejercicio de normas y procedimientos de las NPIOC para la gestión compartida del área protegida Madidi frente a la minería”, detalla cómo esta actividad no solo altera la forma de vida y cultura de las comunidades, sino que también destruye ecosistemas, afecta la fauna y flora y genera desequilibrios en la interacción sociedad-naturaleza.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, presentó el informe con el objetivo de evidenciar la ausencia de mecanismos adecuados para la gestión compartida entre el Estado y las comunidades indígenas. Según la investigación, la falta de respeto a las normas y procedimientos propios de estas comunidades ha generado una ruptura del orden social interno y agravado las condiciones de vida en esta región, considerada un reservorio clave de biodiversidad.
Además, el informe destaca la carencia de políticas reparadoras que protejan a las comunidades frente al impacto de la minería. Tampoco se garantiza la interculturalidad ni se promueve la inclusión efectiva de las comunidades en la gestión del territorio.
El caso del Madidi pone en evidencia la necesidad de fortalecer la protección de los derechos de las comunidades indígenas en áreas protegidas, así como de implementar políticas que equilibren el desarrollo económico con la conservación ambiental y el respeto a los pueblos originarios.
Este informe plantea interrogantes urgentes sobre el papel del Estado en la protección de los derechos indígenas y la sostenibilidad de las actividades extractivas en territorios vulnerables.