El ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo, anunció que este miércoles estará listo el reglamento que permitirá al sector privado importar y comercializar combustibles. Esta medida se enmarca en el Decreto Supremo 5271, diseñado para reducir la presión sobre la subvención estatal de hidrocarburos y garantizar el abastecimiento en sectores estratégicos de la economía boliviana.
Gallardo indicó que la normativa se elaborará en coordinación con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Dirección de Sustancias Controladas. Este lunes, en La Paz, una mesa técnica congregará a representantes de ambas entidades, junto con líderes del sector agropecuario de Santa Cruz y del empresariado en general, para afinar los procedimientos operativos.
“La metodología estará lista este miércoles, lo que permitirá dar inicio a la importación y comercialización de combustibles por parte del sector privado. Queremos evitar quejas o denuncias de posibles perjuicios derivados de esta política”, expresó Gallardo durante una conferencia de prensa.
El encuentro técnico se desarrollará en las oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), entidad que ya ha enviado las invitaciones pertinentes a los sectores productivos.
Propuesta de YPFB: diésel a precio competitivo
Gallardo detalló que, en reuniones previas con actores productivos, YPFB presentó una propuesta que facilita la logística para la importación de combustibles. La oferta incluye la venta de diésel a $us 1,10 por litro, con garantía de transporte en un radio de 250 kilómetros desde las plantas designadas por los importadores.
“Es una alternativa que busca optimizar costos para los sectores productivos. Estos podrán evaluar si las condiciones ofrecidas son convenientes para sus operaciones”, explicó el ministro.
Demanda histórica de sectores productivos
La posibilidad de importar combustibles de manera libre responde a una demanda de larga data de sectores como la agroindustria, minería, construcción e industria, que han enfrentado dificultades de abastecimiento, especialmente de diésel.
Con esta medida, el Gobierno busca incentivar la participación del sector privado en el mercado de combustibles, aliviar la carga de la subvención estatal y garantizar un suministro más estable.
Gallardo subrayó que la normativa podría impulsar volúmenes significativos de importación privada, generando beneficios tanto para la economía nacional como para actividades estratégicas clave.