El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia ratificó que las elecciones judiciales se realizarán el 15 de diciembre de 2024, desestimando la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que declaró desierto el proceso electoral en cinco departamentos para la elección de autoridades judiciales. En una reunión multipartidaria, el TSE reafirmó su compromiso con la fecha de los comicios y recibió el respaldo de diversos líderes políticos y autoridades estatales.
La controversia surgió después de que el TCP, mediante la sentencia 0770/2024, invalidara las elecciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en los departamentos de Beni y Pando y del Tribunal Constitucional Plurinacional en Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija. Sin embargo, el TSE consideró que la sentencia vulnera el principio de preclusión, una base esencial del sistema electoral boliviano, por lo que decidió continuar con el proceso según lo estipulado en la Ley 1549.
Durante la reunión, el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, enfatizó que el proceso contará con el respaldo de la Asamblea Legislativa, el Órgano Ejecutivo y organizaciones políticas para asegurar que las elecciones se desarrollen con transparencia, seguridad y participación ciudadana. Asimismo, Hassenteufel subrayó la importancia de mantener la fecha y estructura establecidas para garantizar la renovación de autoridades en el Órgano Judicial y el TCP.
En cuanto a la viabilidad del proceso, el TSE solicitó al Órgano Ejecutivo que asegure los recursos necesarios para el financiamiento de las elecciones y para garantizar la posesión de las nuevas autoridades. También pidió a la Asamblea Legislativa que rechace formalmente la sentencia del TCP y considere modificaciones a la Ley 044 para incluir a los vocales del TSE bajo su jurisdicción, fortaleciendo así la autonomía e integridad del proceso electoral.
Las implicaciones de esta ratificación son significativas: el TSE busca proteger la continuidad y estabilidad del sistema judicial boliviano ante posibles interferencias. La convocatoria electoral representa una medida firme para renovar las autoridades judiciales y del TCP, bajo un marco de transparencia y legalidad.