La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Yajaira San Martín, anunció que desde el lunes comenzará una huelga de hambre como medida de protesta contra el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que decidió suspender parcialmente las elecciones judiciales en varias regiones del país. San Martín afirmó que su protesta es una medida extrema, tomada de forma “muy responsable”, y que en principio se realizaría en Santa Cruz, aunque finalmente se llevará a cabo en La Paz, donde tiene su sede laboral.
Razones y apoyo
San Martín no es la única que expresa su descontento; adelantó que otros miembros del TSE también podrían sumarse a esta huelga de hambre en señal de desacuerdo con la sentencia del TCP. Además, el TSE planea tomar acciones legales contra los magistrados del TCP, Iván Espada y Miguel Hurtado, debido a supuestas irregularidades en la notificación de la sentencia. Según San Martín, la notificación se realizó “de manera mañosa”, utilizando horarios inconsistentes y sin una comunicación oficial clara, lo que ha generado dudas y molestias dentro del TSE.
La sentencia del TCP
La sentencia de la Sala Cuarta Especializada del TCP avala la decisión previa de la Sala Constitucional Primera de Beni, declarando desierta la convocatoria a elecciones de magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Beni y Pando. Además, la misma resolución anula la convocatoria para elegir miembros del TCP en Pando, Cochabamba, Santa Cruz, y nuevamente en Beni y Pando. Con esta decisión, el TCP también dejó sin efecto el artículo 37, parágrafo II, de la Ley Transitoria de Elecciones Judiciales, al considerarlo “contrario a las normas constitucionales”. Esta declaración ha generado un amplio debate en el ámbito político y jurídico del país, con sectores que ven en la medida una amenaza a la autonomía electoral.
Respaldo del TSE a las elecciones
A pesar del fallo, el TSE confirmó que las elecciones judiciales están programadas para el próximo 15 de diciembre y que trabajará para garantizar su realización en los departamentos donde aún se permite la votación. Esta declaración se produce en un contexto de preocupación ciudadana sobre la posible afectación de la legitimidad y cobertura de los comicios.