La candidata al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Arminda Méndez Terrazas, se encuentra bajo el escrutinio público luego de que surgieran denuncias sobre su presunta relación con los recientes bloqueos en Mairana, Santa Cruz. A pesar de que la postulante ha negado cualquier vínculo, la Fiscalía no descarta llamarla a declarar mientras avanzan las investigaciones.
Méndez se defendió públicamente, afirmando que “jamás” ha financiado actos de protesta y se describió como “una mujer de paz y de respeto a la ley”. Sin embargo, el caso ha escalado tras hallazgos de la Policía en los que se reporta que se encontraron afiches y sellos con la imagen de la candidata en el vehículo de Gilbert Tapia, concejal de Mairana, quien es señalado de financiar las protestas. Estos elementos han generado dudas sobre el papel de Méndez en los disturbios de la región.
El Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, se pronunció sobre el caso, sugiriendo la existencia de un posible vínculo entre Méndez y el concejal Tapia, respaldado en supuestas conversaciones telefónicas y material de campaña encontrado en poder de los acusados. “No quisiéramos pensar que esta candidata estaría financiando actos terroristas en Mairana”, expresó del Castillo. Además, la autoridad anunció que presentará el caso al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que evalúe la idoneidad de la candidata en el proceso electoral del 15 de diciembre.
Por su parte, el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, señaló que la Fiscalía podría citar a Méndez para esclarecer los hechos. “No se descarta cualquier citación o convocatoria del Ministerio Público en función de las diligencias de la Policía Boliviana”, afirmó Zeballos.
Hasta el momento, la Policía ha detenido a 18 personas relacionadas con el bloqueo, incluyendo al concejal Tapia, quienes han sido trasladadas a La Paz para continuar las investigaciones. El caso ha puesto a la candidata Méndez en el centro de una controversia que no solo cuestiona su integridad, sino que también plantea interrogantes sobre los intereses detrás de las movilizaciones en Mairana, lo cual podría influir en la percepción pública sobre el sistema judicial boliviano.