Un juez ordenó anoche la detención preventiva de 20 personas tras los disturbios en Parotani, donde fueron arrestadas más de 50 personas durante el desbloqueo de esa localidad en Cochabamba. Los acusados, imputados principalmente por terrorismo, deberán cumplir una detención preventiva de cuatro meses en distintas cárceles de La Paz mientras el Ministerio Público continúa con la investigación.
Los hechos se desencadenaron cuando el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, confirmó que 55 personas detenidas en Cochabamba serían trasladadas a La Paz, argumentando que el delito de terrorismo, según la normativa boliviana, debe investigarse en la sede de gobierno. De este grupo, hasta la tarde del sábado, la Fiscalía imputó formalmente a 21 personas y solicitó la detención preventiva para la mayoría.
Según el abogado defensor Wilfredo Chávez, en total 24 personas deberían cumplir la medida de detención preventiva. Sin embargo, la cifra exacta de detenidos sigue siendo confusa, ya que la diputada Bertha Acarapi, del bloque evista, mencionó que “más de 20 personas” estarían en esta condición, aunque no pudo precisar un número exacto. Acarapi indicó que entre los detenidos hay 10 mujeres que serán trasladadas a la cárcel de Obrajes, mientras que 10 hombres serán distribuidos entre los centros penitenciarios de Patacamaya y San Pedro.
Reacciones y contexto legal
Las detenciones han generado preocupación entre sectores sociales y políticos, que cuestionan tanto la legalidad del traslado a La Paz como la dureza de los cargos. Del Castillo defendió la decisión de aplicar medidas preventivas y argumentó que el traslado se justifica dado el tipo de delito que se investiga.
El encarcelamiento preventivo de los 21 aprehendidos, bajo una acusación de terrorismo, representa un paso inicial en el proceso judicial, cuya duración y resultados se definirán en los próximos meses a medida que el Ministerio Público avance con las indagaciones.