El Ministerio Público admitió la denuncia presentada contra el expresidente Evo Morales, acusado por su rol en el bloqueo de carreteras que afectó Yapacaní, en Santa Cruz. Sin embargo, la decisión de remitir el caso a la jurisdicción de Villa Tunari, en Cochabamba, un bastión de apoyo al exmandatario, ha generado fuertes críticas y sospechas de encubrimiento.
La denuncia, interpuesta por Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), se originó en Santa Cruz debido a los hechos ocurridos en el puente Ichilo, en San Germán-Yapacaní. Este bloqueo, según Cuéllar, obstaculizó el tránsito y afectó a estudiantes de la facultad que la Uagrm tiene en la zona, quienes se vieron privados de asistir a clases.
“Es evidente que intentan proteger al señor Evo Morales”, declaró Cuéllar. Según el rector, al enviar el caso a Villa Tunari, el Ministerio Público estaría favoreciendo a Morales al colocar la investigación en una región dominada por sus simpatizantes, lo que podría dificultar la imparcialidad del proceso judicial. “Lo correcto sería que la investigación se realice en Santa Cruz, donde ocurrieron los hechos”, puntualizó.
Además, Cuéllar criticó la decisión, aduciendo que los fiscales y jueces de Villa Tunari probablemente se verán presionados para no actuar en contra del exmandatario. “Es probable que los seguidores de Morales reaccionen violentamente si este fuera aprehendido, y que incluso tomen represalias contra las instalaciones de la Fiscalía y tribunales locales”, expresó.
El rector lamentó que no se haya dado prioridad a la jurisdicción de Santa Cruz, donde las autoridades competentes podrían investigar de manera directa e imparcial. Para Cuéllar, esta maniobra representa una muestra clara de encubrimiento por parte del Estado, que, a su juicio, estaría protegiendo al exmandatario al desviar la investigación a un territorio aliado.
La polémica en torno a este caso se suma a las tensiones ya existentes en el país, donde los bloqueos y conflictos políticos han provocado un clima de creciente descontento. La denuncia y su traslado a Villa Tunari ponen en el centro del debate la imparcialidad de las instituciones judiciales y la vigencia de la justicia en Bolivia.