Juan Lanchipa Ponce culmina su mandato de seis años como fiscal general del Estado, dejando un legado marcado por la modernización del Ministerio Público y la implementación de estrategias tecnológicas avanzadas para enfrentar la criminalidad. En su informe final, presentado este lunes, destacó los avances alcanzados durante su gestión, enfatizando el uso de tecnología y la profesionalización del personal como pilares fundamentales.
Uno de los logros más sobresalientes, dijo, fue la implementación del Modelo de Gestión Fiscal por Resultados, una política diseñada para una persecución penal más estratégica y efectiva. Este modelo se complementó con el Ecosistema Justicia Libre, un sistema informático que optimiza la gestión de los casos y facilita el trabajo de los fiscales a nivel nacional. “Durante estos seis años, gestionamos un total de 1.104.746 casos, logrando cerrar el 83.62% de ellos”, explicó Lanchipa, resaltando la mejora en la eficiencia procesal.
Además, agregó, se avanzó en la institucionalización del talento humano. Un total de 321 fiscales fueron incorporados a través de programas de formación especializados, lo que contribuyó a profesionalizar aún más la labor fiscal. Actualmente, está en marcha una séptima versión de estos programas con la participación de 60 nuevos postulantes.
En cuanto a la cobertura territorial, señaló que se amplió la presencia del Ministerio Público en más municipios del país, pasando de 101 a 147 asientos fiscales en todo el territorio nacional. Esto permitió mejorar el acceso a la justicia, especialmente en zonas rurales.
Lanchipa también destacó la mejora en la infraestructura del Ministerio Público, con la construcción y adecuación de 46 plataformas de atención de casos, 16 salas de declaraciones, y 23 cámaras Gesell, entre otras. Estas mejoras, junto con el uso de inteligencia artificial aplicada al sistema judicial, colocaron a la Fiscalía de Bolivia a la vanguardia tecnológica en la región.
Si bien la gestión de Lanchipa fue reconocida por estos avances, también enfrentó críticas y desafíos en temas de transparencia y credibilidad. A pesar de ello, el fiscal general saliente asegura que deja una institución más moderna y capaz de enfrentar los retos de la criminalidad de manera eficiente y estratégica.