La Sala Constitucional Tercera de La Paz falló anoche a favor de la continuidad del proceso electoral para la elección de autoridades judiciales en Bolivia, respondiendo así a la acción de cumplimiento interpuesta por el dirigente intercultural Esteban Alavi contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Esta decisión garantiza que el proceso electoral, que había sido suspendido temporalmente por recursos judiciales, siga adelante.
En la resolución emitida, el vocal Jhon Cori Paz, en representación de la Sala Constitucional Tercera, declaró: “La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en tribunal de garantías, resuelve conceder la tutela solicitada mediante acción de cumplimiento interpuesta por Esteban Alavi”. De esta manera, el fallo obliga al TSE a proseguir con el proceso de elecciones judiciales, que había enfrentado dificultades por dos amparos interpuestos por postulantes inhabilitados durante la etapa de preselección.
El fallo llega en un contexto de incertidumbre, después de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) informara que los recursos legales contra las elecciones judiciales serían tratados con “celeridad”. El comunicado oficial del TCP señaló que se emitiría un pronunciamiento para dar “certidumbre a la población”, lo que subraya la relevancia y la urgencia de este proceso electoral.
La decisión de la Sala Constitucional es clave para evitar mayores retrasos en la renovación de las autoridades del sistema de justicia, un tema que ha generado debate en Bolivia debido a la importancia de contar con un sistema judicial eficiente y transparente. La continuación de las elecciones judiciales es vista como un paso crucial para garantizar la estabilidad institucional en el país.
Este fallo también tiene implicaciones para el TSE, que deberá retomar el proceso electoral y garantizar que las elecciones se lleven a cabo dentro de los plazos establecidos, pese a los desafíos legales que surgieron en las últimas semanas. Con esta decisión judicial, se refuerza la responsabilidad del TSE de llevar a cabo un proceso transparente y legítimo que responda a las expectativas de la ciudadanía y al marco legal vigente.