El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, expresó este miércoles su profunda preocupación por la creciente naturalización de los interinatos en el sistema judicial de Bolivia y la paralización de las elecciones judiciales, lo que calificó como una amenaza directa para la democracia del país.
Callisaya señaló que permitir que las autoridades interinas mantengan sus funciones de manera indefinida contraviene los principios de un Estado de derecho. “Naturalizar que autoridades interinas estén permanentemente desarrollando sus actividades en forma indefinida no puede ser en un Estado de derecho, es importante que las autoridades den señales claras a la población”, afirmó el defensor.
El proceso electoral judicial, previsto para el 1 de diciembre, ha enfrentado múltiples obstáculos, que incluyen la suspensión inicial y, recientemente, la emisión de resoluciones constitucionales en los departamentos de Beni y Pando. Estas decisiones judiciales han dejado en suspenso las elecciones, situación que Callisaya describe como “muy peligrosa”, ya que prolonga indefinidamente las funciones de las autoridades judiciales.
Resoluciones judiciales generan incertidumbre electoral
El martes, dos salas constitucionales en Beni y Pando declararon desiertas las convocatorias para magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). En Pando, la excandidata María Esther Caero presentó un amparo constitucional, alegando que no se cumplió con los requisitos de equidad de género y participación mínima. En Beni, Hugo Vargas, candidato al TSJ, interpuso una acción constitucional tras no ser incluido en las listas finales para las elecciones.
Estas decisiones, según el defensor del Pueblo, no solo restringen el derecho político de los ciudadanos a elegir a sus autoridades judiciales, sino que también agravan la fragilidad institucional democrática que atraviesa el país. Callisaya advirtió que esto podría llevar a soluciones que no sean democráticas.
Preocupación internacional y medidas a tomar
Callisaya también recordó que organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas, han manifestado previamente su preocupación por la falta de elecciones judiciales en Bolivia. En respuesta, la Defensoría del Pueblo ha enviado comunicaciones al Tribunal Constitucional Plurinacional y al Tribunal Supremo Electoral para exigir medidas urgentes que garanticen la realización de los comicios judiciales.
El defensor destacó que también se están coordinando acciones con el Sistema de Naciones Unidas para exponer esta situación ante la Relatoría Especial para la Independencia de magistrados y abogados.