La Sala Constitucional de Pando ha declarado desierta la convocatoria al proceso de preselección de candidatos al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Esta decisión fue tomada tras conceder tutela a la excandidata María Esther Caero, quien impugnó el proceso por no cumplir con los parámetros de equidad de género, plurinacionalidad y representación departamental. Además, se denunció la inclusión de “candidatos aplazados” en el proceso.
Claves de la decisión
1. Retroceso al proceso: Con esta resolución, el proceso vuelve a foja cero. La falta de equidad de género y representación indígena, junto con la insuficiencia de postulantes por departamento, fueron los principales factores que motivaron la anulación.
2. Denuncia de Caero: Caero objetó la inclusión de Silvia Clara Zurita Aguilar, postulante al TSJ por Pando, pero que en realidad es originaria de Cochabamba. Este error fue atribuido a la Comisión Mixta de Constitución, encargada de la preselección.
3. Falta de candidatos por departamento: La Sala Constitucional destacó que no se alcanzó el número mínimo de postulantes requerido por departamento, lo que impidió una votación justa y competitiva.
Fundamento legal
El parágrafo primero del artículo 38 de la Ley 1549 establece que si no se cumple con las exigencias de género, plurinacionalidad o número suficiente de postulantes, la Asamblea Legislativa debe declarar desierta la convocatoria. El parágrafo segundo añade que, en tal caso, se deberá convocar nuevamente al proceso de preselección.
Contexto electoral
Este fallo afecta directamente el proceso electoral programado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que había convocado a elecciones judiciales para el 1 de diciembre. El objetivo de estas elecciones era la conformación del Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Sin embargo, la paralización del proceso representa un grave riesgo para la democracia, según alertó el vocal del TSE Tahuichi Quispe, quien también destacó las pérdidas económicas ya que se han ejecutado más de Bs 55 millones de los Bs 183 millones presupuestados para este proceso.
Implicaciones
La decisión de declarar desierta la convocatoria plantea varios desafíos para el sistema judicial boliviano. Por un lado, prolonga el proceso de selección de magistrados, afectando el normal funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia. Por otro, la demora podría repercutir en la legitimidad y transparencia del sistema electoral judicial del país, además de generar costos adicionales.