El Gobierno ha activado un plan para detener el contrabando de alimentos hacia países vecinos, movilizando alrededor de 1.000 militares y excavando zanjas en puntos críticos de las fronteras. La medida busca controlar el llamado “contrabando a la inversa”, que ha contribuido al aumento de precios en productos básicos como arroz, huevo, y carne en el mercado interno.
El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Luis Amílcar Velásquez, explicó que la estrategia incluye la movilización de efectivos de cinco comandos militares, ubicados en las fronteras con Argentina, Chile, Perú y Brasil. Estas unidades trabajarán bajo el Plan Soberanía, operado por las Fuerzas Armadas, con el objetivo de cortar las rutas clandestinas utilizadas por los contrabandistas.
Uno de los pilares de este plan es la excavación de zanjas en zonas clave, como la frontera con Perú en la localidad de Guaqui. Según Velásquez, esta táctica tiene como fin bloquear los caminos ilegales y reforzar el control de la salida de alimentos.
Además del despliegue militar, el decreto recientemente aprobado establece nuevas medidas de control en mercados y puestos aduaneros. El viceministro de Comercio y Logística Interna, Grover Lacoa, señaló que la salida de alimentos sin autorización es ahora un delito penado con hasta 14 años de prisión. Para garantizar el cumplimiento, se creará un registro de “proveedores únicos” autorizados y se implementará un certificado de abastecimiento interno.
El objetivo del Gobierno es reducir el flujo de alimentos que están siendo transportados ilegalmente a países vecinos, donde los precios son más altos, afectando el suministro local.
