El Gobierno aprobó este miércoles un decreto supremo con el objetivo de frenar el contrabando de alimentos, una práctica que, según el Ejecutivo, contribuye al aumento de precios en productos esenciales de la canasta familiar. Esta acción se enmarca en un esfuerzo más amplio por regular el tránsito ilegal de mercancías, especialmente en las zonas fronterizas del país.
El ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, informó que la nueva normativa reglamenta la Ley 100, diseñada para combatir el “tránsito ilegal de alimentos hacia las zonas de seguridad fronteriza”. Según Huanca, esta medida busca estabilizar los precios de productos básicos como arroz, carne de pollo, azúcar, aceite, papa y ganado en pie.
Además, la normativa incluye la emisión de “certificados de abastecimiento en áreas fronterizas”, los cuales garantizarán que las comunidades en estas zonas cuenten con un suministro adecuado de alimentos, sin verse afectadas por las restricciones impuestas. Este certificado está destinado a evitar que grandes volúmenes de alimentos sean exportados ilegalmente, lo que afectaría el suministro interno.
Despliegue militar y refuerzo en fronteras
Como parte de esta estrategia, el presidente Luis Arce ordenó el lunes el despliegue de fuerzas militares en las fronteras, con el objetivo de impedir la salida ilegal de alimentos. Este refuerzo busca asegurar que las medidas se implementen de manera efectiva en los puntos críticos del país.
El control de los productos será gestionado por el Consejo para el Desarrollo Fronterizo y Seguridad, integrado por ministerios clave como los de Economía, Defensa, Presidencia y Planificación. En una primera fase, los productos sujetos a control incluyen el arroz, las carnes de res y cerdo, los huevos y el ganado en pie.
El ministro Huanca aclaró que la normativa no afectará el traslado de alimentos destinados al consumo doméstico. Las comunidades fronterizas que transporten alimentos en pequeñas cantidades para su propio consumo no estarán sujetas a las nuevas disposiciones. Asimismo, la exportación formal de alimentos continuará bajo las normas vigentes, ya que estos productos cuentan con una declaración de exportación (DEX), que les permite transitar libremente.
Sanciones más severas
La normativa establece sanciones rigurosas para quienes incurran en el contrabando de alimentos sin cumplir los requisitos legales. El contrabando de exportación agravado será penado con hasta 14 años de prisión, además del decomiso de la mercancía involucrada.
El Ministerio de Defensa abrirá oficinas regionales del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando en los municipios fronterizos para coordinar y reforzar las acciones de control.
Las autoridades han mantenido reuniones con representantes de regiones fronterizas como Bermejo, Puerto Suárez, Puerto Quijarro y Yacuiba, quienes expresaron su apoyo a la aplicación del decreto. No obstante, solicitaron que el control se enfoque en productos de mayor preocupación, como el arroz, el ganado en pie y las carnes de res y cerdo, que serán los primeros en ser fiscalizados en esta fase inicial.
Implicaciones económicas
Este decreto representa un paso importante en los esfuerzos del gobierno por proteger la economía interna y estabilizar los precios de los alimentos esenciales. Al controlar el contrabando en las zonas fronterizas, se busca asegurar que los productos básicos estén disponibles a precios accesibles para las familias bolivianas, en un contexto de inflación y escasez. La implementación de sanciones más estrictas también pretende disuadir a quienes practican el contrabando, contribuyendo a la estabilidad económica del país.