El jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, reconoció que la decisión de enjuiciar a la exmandataria Jeanine Áñez por la vía ordinaria fue fruto de un debate político dentro del Gobierno y no una cuestión meramente jurídica. En su programa dominical en la radio Kawsachun Coca, Morales explicó que la decisión se tomó tras varias reuniones en las que participaron altos funcionarios del Gobierno y dirigentes sociales.
El juicio contra Áñez, quien asumió la presidencia tras la renuncia de Morales en 2019, ha sido uno de los temas más polémicos en la política boliviana reciente. Morales reveló que el entonces ministro de Justicia, Iván Lima, había defendido la necesidad de un juicio de responsabilidades, lo que implicaría un proceso en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Sin embargo, esta posición no fue respaldada por el resto de las autoridades, incluyendo al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca, quienes optaron por la vía ordinaria.
Según Morales, la decisión se basó en dos factores clave: la falta de los dos tercios en la Asamblea Legislativa necesarios para aprobar un juicio de responsabilidades y el temor de que reconocer a Áñez como presidenta constitucional implicaría desestimar la narrativa de un golpe de Estado en 2019. “No va haber juicio de responsabilidades, no va haber dos tercios. Segundo, es decir que Áñez es presidenta constitucional”, afirmó Morales.
Fricciones internas y acusaciones
El expresidente también describió tensiones internas dentro del gobierno, señalando que Iván Lima se quedó “solo” defendiendo el juicio de responsabilidades. Morales incluso recordó que Lima lo había advertido de posibles complicaciones futuras por haber impulsado el juicio ordinario. Estas declaraciones reafirman lo que Morales ha señalado como un consenso político en torno al proceso ordinario contra Áñez.
La situación refleja una división dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS) sobre cómo tratar a la exmandataria. Lima, durante el fin de semana, responsabilizó a Morales de haber insistido en el juicio ordinario por “capricho”, una acusación que Morales rechazó, alegando que la decisión fue colectiva.
Implicaciones y situación actual
El reconocimiento de Morales de que el juicio contra Áñez fue una decisión política tiene profundas implicaciones. No solo expone la fragilidad del sistema judicial boliviano al estar influenciado por intereses políticos, sino que también pone de relieve la polarización que sigue dividiendo al país desde los eventos de 2019. La exmandataria enfrenta múltiples procesos penales, incluidos cargos relacionados con el denominado “golpe de Estado I”.
El debate en torno a si Áñez debería haber sido juzgada por la vía ordinaria o bajo un juicio de responsabilidades también plantea preguntas sobre la legitimidad de los procedimientos judiciales en casos de alta carga política. Mientras el Gobierno del MAS justifica el juicio ordinario en base a la supuesta ilegitimidad de la presidencia de Áñez, otros sectores sostienen que este enfoque podría haber sido un medio para evitar el escrutinio legislativo y mantener el control político sobre el caso.