Un juez de garantías constitucionales ha ordenado al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, que restituya en su cargo a la exfiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, tras considerar que su destitución fue un “acto arbitrario”. La decisión fue emitida por el juez Iván Córdoba Castillo, quien criticó el accionar del fiscal interino Mauricio Nava, autor de la resolución que cesó a Gutiérrez.
El caso de Gutiérrez adquirió notoriedad en medio de una investigación contra el líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, por acusaciones de estupro y trata de personas. La exfiscal fue destituida poco después de que se emitiera una orden de aprehensión contra Morales, la cual luego fue anulada por un juez en Santa Cruz.
El juez Córdoba señaló que la destitución de Gutiérrez no respetó los procedimientos legales establecidos, lo que afectó su integridad personal y psicológica. “Este acto vulnera derechos fundamentales, como el derecho a la vida en su vertiente psicológica”, explicó el magistrado en su fallo.
Además, Córdoba puntualizó que, aunque el fiscal general tiene la facultad de destituir a funcionarios, estas decisiones deben estar fundamentadas en la normativa vigente. “No existe norma que permita la destitución sin un proceso previo disciplinario, incluso para aquellos que no son de carrera”, argumentó el juez.
Denuncias de presiones y cruce de acusaciones
Sandra Gutiérrez ha sostenido públicamente que fue presionada para detener las investigaciones contra Morales, señalando directamente al fiscal Lanchipa como responsable de dichas presiones. En respuesta, Lanchipa ha rechazado estas acusaciones, acusando a la exfiscal de haber actuado de manera negligente en la gestión del caso. La Fiscalía también afirmó que Gutiérrez “ocultó” la orden de aprehensión contra Morales desde el 26 de septiembre.
Gutiérrez, por su parte, asegura tener pruebas de las presiones recibidas, entre ellas un audio que supuestamente demostraría las instrucciones para frenar las pesquisas contra Morales.
Implicaciones legales y constitucionales
El fallo del juez Córdoba tiene importantes implicaciones para la Fiscalía y para la gestión de Juan Lanchipa. En su resolución, el juez ordena corregir el “accionar arbitrario” y advirtió que la decisión será remitida al Tribunal Constitucional Plurinacional, lo que podría generar un debate jurídico más amplio sobre la independencia del Ministerio Público y las garantías constitucionales de sus funcionarios.
Este caso también arroja luz sobre las tensiones internas en la Fiscalía respecto a casos políticamente sensibles, como las acusaciones contra figuras prominentes del MAS. La restitución de Gutiérrez no solo reabre las discusiones sobre la transparencia en estos procesos, sino que también cuestiona el manejo del caso Morales por parte de la Fiscalía.