El gabinete de ministros aprobó el miércoles el Decreto Supremo N° 5230, que establece el financiamiento de Bs 477.550.000 para la entrega del Bono Juancito Pinto. Este bono tiene como principal objetivo incentivar la permanencia escolar de estudiantes en situación de vulnerabilidad económica.
El bono, de Bs 200 por estudiante, será destinado a alumnos del nivel primario y secundario de unidades educativas fiscales y de convenio, así como a estudiantes de centros de educación especial. La medida busca promover que los estudiantes continúen su formación escolar, garantizando un apoyo financiero clave para las familias más necesitadas.
Monto y distribución del bono
Según el decreto, el financiamiento aprobado será transferido desde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas al Ministerio de Educación, encargado de gestionar la distribución del bono. Los beneficiarios incluyen:
- Estudiantes de primaria y secundaria de unidades educativas fiscales y de convenio, siempre que no hayan cumplido los 21 años hasta el 31 de diciembre de 2024.
- Estudiantes de Centros de Educación Especial del Subsistema de Educación Alternativa y Especial, sin límite de edad.
El desembolso de los fondos provendrá de 25 empresas y entidades estatales, que deberán realizar depósitos a la Cuenta Única del Tesoro (CUT), conforme a un cronograma que establece:
- 40% del total en un plazo máximo de 10 días hábiles.
- 30% en 18 días hábiles.
- 30% en 25 días hábiles.
Además, del total asignado, se destinará hasta un 2% para cubrir los gastos operativos, financieros y de difusión relacionados con la entrega del bono.
Proceso de entrega y verificación
La entrega del Bono Juancito Pinto estará a cargo de la Unidad Ejecutora del Ministerio de Educación, bajo un reglamento que deberá ser aprobado dentro de los dos días hábiles posteriores a la promulgación del decreto. La identidad de los beneficiarios será verificada a través de plataformas habilitadas por el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), asegurando que los fondos lleguen a los destinatarios correspondientes.
Se prevé, además, la posibilidad de realizar transferencias público-privadas para garantizar la entrega eficiente del bono. Cualquier saldo no ejecutado deberá ser reintegrado a la CUT, donde se destinará a financiar el bono para la gestión 2025.