El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, ordenó este martes al Comando General de la Policía activar procesos penales contra los responsables de los actos violentos ocurridos durante la marcha de los evistas, que arribó el lunes a La Paz. La marcha, liderada por Evo Morales y sus seguidores, estuvo marcada por enfrentamientos que resultaron en 87 personas heridas, 10 detenidos y daños a cuatro instituciones públicas y privadas.
“Se ha instruido al comandante general de la Policía iniciar un proceso penal de oficio para investigar todos los actos delincuenciales desde el primer día hasta el último de la marcha”, anunció Del Castillo en conferencia de prensa. Esta acción busca sancionar a los implicados en los hechos de violencia que, según el Gobierno, dañaron infraestructuras y afectaron a la ciudadanía.
Cuando se le preguntó si el Ministerio de Gobierno presentaría una denuncia formal ante la Fiscalía contra Evo Morales y otros líderes que encabezaron la movilización, Del Castillo respondió que la Policía ya tiene la instrucción de proceder con las investigaciones pertinentes. Aunque evitó mencionar nombres específicos, reiteró que se actuará contra los responsables de los delitos cometidos.
La tensión entre el Gobierno de Luis Arce y el expresidente Morales ha escalado tras la culminación de la marcha. Morales, líder del Movimiento al Socialismo (MAS), dio un ultimátum de 24 horas al presidente Arce para que realice cambios en su gabinete, amenazando con iniciar un bloqueo de carreteras el 30 de septiembre si sus demandas no son atendidas. En respuesta, Del Castillo desestimó la amenaza, argumentando que un sector reducido de la población apoya estas acciones, que solo traerían perjuicios económicos al país.
“Si el señor Evo Morales quiere acabar con lo poco de credibilidad que le queda, que convoque a un bloqueo de carreteras. Esto solo perjudicará la economía y al pueblo boliviano”, sostuvo el ministro.
El Gobierno también ha llevado esta situación ante la comunidad internacional, denunciando que Morales busca desestabilizar al país y acortar el mandato de Arce mediante estas medidas de presión.