La Cámara de Senadores de Bolivia abrogó este miércoles la Ley 741, una norma que permitía el desmonte de hasta 20 hectáreas para actividades agrícolas. Esta es la tercera ley del llamado paquete “incendiario” que es eliminada por el Legislativo, una medida que busca frenar la deforestación y los incendios en el país.
De los 28 senadores presentes en la sesión, 17 votaron a favor de la abrogación, decisión que ahora deberá ser evaluada por la Cámara de Diputados. Esta derogación ha sido vista como un paso importante en la lucha contra la deforestación, tras una serie de incendios que arrasaron más de cuatro millones de hectáreas, principalmente en Santa Cruz, y que generaron fuertes protestas de grupos ambientalistas.
Andrea Barrientos, senadora de Comunidad Ciudadana (CC), se mostró visiblemente emocionada tras la votación y expresó su gratitud a quienes apoyaron la medida. “No puedo contener la emoción y debo agradecer a quienes votaron para abrogar, una más de las leyes incendiarias”, declaró. Barrientos también adelantó que se está trabajando en una nueva norma para cubrir los vacíos legales que pueda generar esta abrogación, y que se espera que esté lista la próxima semana.
La Ley 741, promulgada en 2015 durante el gobierno de Evo Morales, había sido diseñada para impulsar el sector agropecuario, permitiendo la ampliación de la frontera agrícola. Sin embargo, la normativa fue criticada por facilitar el desmonte y la quema de tierras, lo que incrementó el tráfico ilegal de tierra y madera, exacerbando la crisis ambiental.
Luis Flores, senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), aunque apoyó la abrogación, señaló la necesidad de ofrecer alternativas a los pequeños productores y comunidades indígenas que dependen de estas tierras para su subsistencia. “Si bien se abroga la norma, hay que brindar a los productores, comunitarios e indígenas otras herramientas que les permitan no morir de hambre”, comentó Flores.
Por su parte, la senadora Cecilia Requena, también de Comunidad Ciudadana, calificó la abrogación como una señal de compromiso del Senado con la protección ambiental y los derechos de las comunidades indígenas. Explicó que la deforestación no solo afecta los ecosistemas, sino también el acceso al agua para las poblaciones locales. “Colegas, en San Julián sufren por falta de agua… menos agua superficial en parte por cambio climático, pero también por las prácticas de desmonte”, advirtió.
El 12 de septiembre, el Senado, durante una sesión en el salar de Uyuni, ya había abrogado dos normas polémicas: la Ley 1171 de Uso Racional de Quemas y la Ley 337 de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques. Estas normas habían sido duramente criticadas por facilitar el desmonte y las quemas, y su eliminación fue vista como una respuesta directa a la presión de grupos ambientalistas.
El debate en torno a estas leyes se intensificó tras los recientes incendios forestales, que no solo afectaron gravemente la biodiversidad del país, sino también la calidad de vida de comunidades enteras.